Córdoba (2/6/16). Tras un largo debate en la sesión de la Unicameral, el oficialismo con el apoyo opositor (salvo el FIT y EVC) aprobó la norma girada por el Ejecutivo provincial que establece la adhesión de Córdoba a la ley nacional 26.485 que persigue la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres. El principal eje de conflicto y críticas por parte de la oposición fue la exclusión de la adhesión a los aspectos procedimentales nacionales. Finalmente, esto fue zanjado con el compromiso de UPC de avanzar en la adecuación de procedimientos que tiene Córdoba con los de Nación.
Con 59 positivos; 4 negativos y 7 ausentes, la Legislatura cordobesa convirtió en ley el proyecto girado por el Ejecutivo, a través del cual Córdoba adhiere a la norma nacional 26.485, con la excepción del marco procedimental. Justamente, este fue el punto central del reclamo opositor.
Legisladoras de distintas bancadas de la oposición apuntaron sus críticas al accionar lento de la justicia provincial en los casos de violencia contra las mujeres. Así lo destacaron en sus alocuciones, las parlamentarias Liliana Montero (CP) y Laura Vilches (PTS-FIT). También el parlamentario Ezequiel Peressini (IS-FIT) se expresó sobre la decisión del Ejecutivo de no adherir a los procedimientos que fija la norma nacional.
Además hubo cuestionamientos al oficialismo por haber “hecho oídos sordos” durante estos 12 meses al no dar tratamiento a iniciativas ingresadas en la Unicameral. “Hoy, con el visto bueno del gobernador parecen que tienen ya el permiso para poner en tratamiento este proyecto”, advirtió Elisa Caffaratti (UCR).
“En la iniciativa del Ejecutivo se excluye de la adhesión los aspectos procedimentales, es decir cómo se va a aplicar la ley nacional y desde ya tenemos cuestionamientos porque implica el modo en que tiene que operar la justicia, los fiscales, la policía; así como la responsabilidad de los distintos ministerios y aéreas de gobierno; está completamente limitada”, declaró Laura Vilches a Agenda 4P, quien junto a Salas y Peressini (FIT) presentaron un despacho en disidencia.
La referente del PTS manifestó que “nuevamente queda un bache, un hueco con respecto a cómo van a actuar este poder que está siendo cuestionado por la ineficacia frente a las denuncias de las víctimas”. (Ver nota. Violencia de Género: Vilches insistirá con su proyecto “más integral” de adhesión a ley nacional).
“El ejecutivo provincial trae la propuesta de adhesión quitando el capítulo de procedimientos, permitiendo que la ley quede prácticamente en letra muerta”, resaltó Peressini.
A su turno, la legisladora Liliana Montero (CP) apuntó en esa dirección, al afirmar que la norma provincial “es insuficiente al no suscribir dos de los tres grandes bloques incluidos en la ley nacional: la transversalidad de las políticas públicas (es decir, el enfoque de género en todos los programas y políticas de todas las reparticiones del Estado) y un procedimiento judicial superador al existente en Córdoba”.
De todos modos, Montero reconoció que lo sancionado por el pleno legislativo, “da un salto cualitativo con relación a lo que tenemos, que es la ley de violencia familiar, una ley que en su momento marcó un mojón importante pero que hoy está absolutamente desactualizada”.
En cuanto a lo que queda pendiente, enfatizó: “Nos quedan en el tintero un montón de acciones. Desafiamos al gobierno en las cuestiones de procedimiento y en las cuestiones de las políticas públicas”.
Para zanjar de alguna manera lo que fue el eje central del debate entre el oficialismo y la oposición, y que permitió finalmente alcanzar un mayor consenso para la aprobación de la ley, fue que a instancias de Montero, el bloque de la mayoría se comprometiera a avanzar en compatibilizar los procedimientos con la norma nacional.
Dicho compromiso fue plasmado en un proyecto de resolución que aprobó la Unicameral mediante el cual se dirige al Poder Ejecutivo para que “establezca como prioridad y en articulación con esta Legislatura elaborar las propuestas normativas que propendan a la armonización paulatina de los procedimientos, administrativos y judiciales, necesarios en virtud de la adhesión”.
Además del rechazo del FIT, quien también se expresó por la negativa del proyecto convertido en ley, fue el vecinalista Aurelio García Elorrio, quien planteó combatir la violencia familiar a través de un “paradigma de integración y no de enfrentamiento”.
“Si queremos resolver el tema de las nueve mujeres asesinadas, los treinta y pico de chicos que murieron en nuestra Córdoba, en muertes donde la vida no vale absolutamente nada, si queremos resolver la muerte de los chicos que están bajo el efecto de la tremenda violencia de las drogas, debemos buscar paradigmas integradores, no paradigmas desintegradores, como se plantea desde la teoría de género”, argumentó.
En ese sentido, el parlamentario sostuvo que “no se puede instalar la dialéctica de confrontación al seno de la institución que tenemos que preservar, que es la principal aliada, la familia que tengamos (…). Yo no estoy hablando de la familia Ingalls, estoy hablando de la que tiene cada uno, la que pudimos sostener”, señaló.
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