Ciudad de Córdoba (16/6/16). Representantes de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba participaron de la Audiencia Pública que se llevó a cabo este martes y solicitaron el rechazo del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto desarrollista por incumplimiento con los marcos normativos establecidos por el propio Convenio Urbanístico.
La arquitecta María Beatriz Valencia, miembro del Grupo de Desarrollo Urbano de Nuestra Córdoba, señaló que uno de los aspectos más graves del proyecto se observan en los usos y ocupación de suelo -FOS y FOT permitidos por parcela-, donde se observan un FOS de hasta 83% y un FOT de hasta 4.7, que superan ampliamente al FOS de 0.40 y FOT de 2, establecidos por el Convenio Urbanístico, firmado el 27 de diciembre de 2012 en el marco de la Ord. 12.077, ratificado por el Concejo Deliberante el 9 de enero del 2013 en la Ordenanza 12148.
En términos de impacto urbano, apuntó al incremento en 10 veces de la densidad de población de ese sector de la ciudad que, según datos del propio estudio, el barrio Rogelio Martínez cuenta con 1322 habitantes en una superficie similar al predio, en tanto el proyecto urbanístico en cuestión pretende incorporar 13984 habitantes.
En ese sentido, criticó que el estudio califique como de “vulnerabilidad irrelevante” a la demanda de red vial que significará la localización de 3421 viviendas, un centro comercial, un hotel y otros lugares de reunión.
¿Espacio verde de uso público?
Desde la Red Ciudadana se advirtió que la disposición de los edificios y el diseño centrípeto del conjunto, con gran ovalo central de espacio verde, con sólo tres ingresos vehiculares, no contribuyen a la integración urbana con el entorno ya que cuenta que restringen el tránsito y de ninguna manera cumple con el objeto propuesto por el convenio de «Propender a la continuidad de los espacios verdes del Parque Sarmiento” y su conexión con la zona del FF.CC. sobre Av. Cruz Roja Argentina.
Asimismo, en el convenio, se determina en un 15% de la superficie total del predio “a ser donada” con destino a espacio verde a cambio del convenio, lo que equivale a 3,34 hectáreas. Sin embargo, “las parcelas a donar para tal fin no alcanzan esa superficie ya que no deberían ser consideradas como reserva verde los espacios remanentes de las infraestructuras ni las superficies de paso (rotondas y veredas)”.
Sobre este punto, Nuestra Córdoba apuntó que existe también una diferencia entre lo que plantea el convenio y el proyecto, ya que le primero habla de “espacio verde con destino a uso público” del 15%, mientras que el segundo refiere a un “espacio libre de uso público”.
En otra discrepancia, el Estudio de Impacto Ambiental expresa que «según el convenio urbanístico se ha concertado los factores de ocupación determinando que la superficie construible del predio será de 446.485,80 m2», información que no aparece en el texto del Convenio Urbanístico.
Otras normas que no se tuvieron en cuenta
Valencia llamó también la atención respecto al capítulo del EIA que trata sobre marco legal y ordenanzas municipales, que no menciona la Ordenanza 12201, que amplía el catálogo de bienes inmuebles y lugares del patrimonio de la ciudad, donde el ex batallón 141 fue catalogado como categoría media, por lo que no se podría demoler ni agregar superficie.
“Se trata de de un espacio que, de respetarse otra de las normativas vigentes, debería haberse transformado en una reserva verde de uso público, sobre la cual existía hasta un proyecto elaborado por docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba con la participación de la comunidad”, concluyó.
