Córdoba (25/7/16). A través de un proyecto de resolución ingresado este lunes a la Unicameral, la parlamentaria opositora requirió al gobierno de Schiaretti, la “inmediata suspensión” de la exigencia. Al redoblar la apuesta, Montero anunció que en los próximos días, presentará una iniciativa de ley para derogar la norma que dispuso el Ejecutivo provincial.
Al sostener que se opuso a la medida con el argumento que se trataba de un “negocio millonario” que no iba a resolver el problema de robo de vehículos, la legisladora Liliana Montero afirmó que las cifras publicadas hace unos días le dieron la razón.
En ese sentido, destacó el dato de que en Córdoba se roba un vehículo cada dos horas (13 por día); lo que refleja que este delito se mantiene en niveles muy elevados en la provincia. Cabe mencionar que el gobierno no dio a conocer estadísticas oficiales pero avaló estos números.
La parlamentaria también recordó que la política de grabado de vehículos ha sufrido vaivenes, con decretos y leyes que primero impusieron la obligación, luego la suspendieron y luego la volvieron a poner en marcha.
En todo este proceso, Montero hizo públicas sus críticas al sistema que supone un nuevo gravamen a los ciudadanos quienes “no reciben ningún beneficio ni a corto, ni a mediano ni a largo plazo”, advirtió.
A su vez, expresó que el “papelón tuvo su pico de absurdo” en abril de 2015, cuando la obligación de grabar los vehículos duró apenas horas luego de su puesta en funcionamiento y, tras el escándalo, el entonces gobernador De la Sota emitió el decreto que suspendió la exigencia.
Para la integrante del arco opositor, la medida no solo no contribuyó a disminuir el nivel de robos de vehículos, sino que las máximas autoridades ahora incluso reconocen que el grabado está lejos de ser indeleble.
Al referirse a expresiones del ministro Massei en este sentido, Montero insistió en que la medida es “un negocio millonario en beneficio de unos pocos, que no va a resolver el problema de robo de autopartes” y añadió que “la Policía tiene o debería tener las herramientas para prevenir e investigar la sustracción de vehículos”.
“El costo del grabado, las estadísticas de robos, la gravedad de los dichos de Massei y la consecuente investigación administrativa lo confirman”, concluyó.