Córdoba (27/7/16). Lejos de aplacarse la polémica por el “impuesto” que se cobra por el grabado “indeleble” de autopartes, legisladores del arco opositor desplegaron sus críticas contra el gobierno y la empresa, por lo que entienden es un “choreo”. Quinteros (FC), Montero (CP) y Carrara (UCR), hicieron foco en la finalidad “netamente recaudatoria” por sobre la evidencia de que no resuelve el problema de robo de vehículos.
En la sesión de este miércoles, opositores se refirieron al tema en cuestión a través de la defensa de distintos proyectos presentados en estos días, que van desde la derogación de la ley 10.110 (grabado de autopartes), la suspensión de la medida por parte del gobierno y la interpelación del ministro Massei en la Legislatura.
Ninguna de las iniciativas opositoras prosperó en su tratamiento (sobre tablas), ya que el oficialismo hizo valer su mayoría para rechazarlas y en cambio, enviarlas a comisión para su estudio. La bancada de UPC se llamó a silencio ante los duros cuestionamientos hacia el gobierno y los responsables de la empresa adjudicataria.
Al demandar la derogación de la norma que establece el de “Grabado Indeleble de Dominio Múltiple de Automotores, Ciclomotores y Motocicletas”, el legislador Juan Pablo Quinteros (Frente Cívico), insistió en el “negocio millonario” de la empresa Grababus y pidió el cese inmediato de la medida “toda vez que los resultados pretendidos no se han cumplido”.
Aclaró a Agenda 4P que «bajo ningún punto de vista, se pretende dejar sin trabajo a nadie, lo que queremos es dejar sin el ‘curro’ a Sorensen». Al respecto, añadió que su propuesta contempla garantizar la fuente de trabajo de los empleados.
“Evidentemente, estamos ante un negocio, porque el Ministerio Público Fiscal ha informado que en estos seis primeros meses de 2016 ya se han robado más autos que en todo el 2015”, advirtió.
En ese sentido, el juecista precisó que “se roban 13 autos por día, un vehículo cada dos horas. Con lo cual si el objetivo de la ley era disuadir el robo de automotores, no lo han logrado”, acentuó.
Para rematar, Quinteros se refirió al informe periodístico de Radio Suquia 96.5 que mostró con qué facilidad se pudo borrar lo que debía ser un grabado “indeleble”.
En igual sentido, pero con términos aún más duros, la parlamentaria Liliana Montero, le apuntó a los responsables de Grababus. “Se están llevando la guita gratis”, apuntó y tildó de “ladrones picaros” que recorren el país haciendo sus negocios.
Al mencionar al titular de la empresa y la responsabilidad que les cabe a los funcionarios que dieron vía verde a esta medida, la integrante del bloque Córdoba Podemos, calificó de “choreo” al sistema que supone un nuevo gravamen a los ciudadanos.
Montero sostuvo que el gobierno provincial tiene los argumentos necesarios para dar de baja el contrato: “Primero por incumplimiento, porque no es indeleble, y segundo por esta aberración, de que usted paga la oblea y si hace el grabado está bien y si no no”, expresó.
Al cargar nuevamente contra la firma que tiene a su cargo el grabado, la opositora remarcó: “Alguien le tiene que poner un freno; que se vayan a robar a otro lado, en Córdoba no”. (AUDIO ENTREVISTA)
“Estafa”
“Esta implementación resulta una verdadera estafa, porque está dado en el hecho de que la grabación no es indeleble como marca la ley, que con un simple lijado y un poquito de agua se puede borrar totalmente”, afirmó Gustavo Carrara desde el Radicalismo.
Al defender su proyecto por el cual se solicita la comparecencia del ministro Massei a la Unicameral por este tema, el radical manifestó que “lo más grave de todo es que el proceso licitatorio para adjudicar la concesión fue hecho a medida para una sola empresa Grababus SRL cuyo dueño, el señor Sorensen (Jorge) es propietario de la misma empresa que se adjudicó en la provincia de Chubut y por los malos resultados fue derogada -la ley- por unanimidad en el 2011”.
“Prueba de este negocio es que los cordobeses afrontamos este gravamen y la empresa Grababus lleva recaudado en los primeros 6 meses -de este año- $65 millones, lo que hace una recaudación mensual del orden de los 12 millones, con un costo total para la misma que no supera el millón de pesos mensuales más un canon a la provincia del 8%, quedándole a la empresa una utilidad del 800% o sea 9 millones de pesos”, especificó.
