Córdoba (27/7/16). En el marco del Plan Provincial de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, el Ejecutivo solicitó al Cuerpo parlamentario que designe sus representantes para integrar dicho ámbito institucional. A través de una nota rubricada por el ministro Massei, se especificó que todos las bancadas tendrán representación en el Consejo.
De esta manera, se otorga a todo el pleno legislativo -oposición y oficialismo- potestad para que intervenga en la planificación de las políticas vinculadas a la seguridad de la Provincia, se destacó.
Este nuevo organismo tendrá a su cargo articular los esfuerzos de los diferentes actores sociales de la sociedad civil, ya que participarán los sectores productivos, sindicales, educativos, religiosos (COMIPAZ), de las cámaras empresariales y los ministerios provinciales.
“Partimos de la premisa de que la inseguridad es hija de la exclusión social”, opinó Massei. Al respecto, recalcó que el Consejo “trabajará fuertemente” en dos andariveles: el fortalecimiento de la seguridad ciudadana mediante la incorporación y el empoderamiento de la sociedad civil, por un lado; y, por el otro, la gestión policial propiamente dicha, relacionada con la prevención y la represión del delito.
La idea es asistir, mediante un equipo técnico interdisciplinario para el diseño de programas, estrategias y metodologías de actuación, control y evaluación del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito.
El Consejo se reunirá cada noventa (90) días, y tendrá como función específica la creación de un cuadro de riesgo pre-delictivo a través del relevamiento y diagnóstico sobre las causas y características del fenómeno delictivo que afecta a la seguridad ciudadana. Este esquema, servirá de base para el diseño e implementación y estrategias y acciones integrales dirigidas a la prevención del delito.
Asimismo, el Consejo podrá proponer anteproyectos de reforma legislativa en materias de su competencia, y deberá favorecer el enlace interjurisdiccional para la articulación y coordinación de políticas preventivas entre las diferentes áreas de gobierno y entre éstas y el sector privado.
Además, a propuesta de los dos tercios de sus integrantes, podrá invitar a participar de las reuniones a personas del ámbito académico o científico; magistrados y funcionarios judiciales; representantes de instituciones estatales y ONG, y a cualquier otra entidad que considere oportuno su opinión.
