Cabe recordar que los citados legisladores demandaron públicamente al gobierno de UPC que reincorpore al padrón de beneficiarios del PAICOR, a la gran cantidad de alumnos que fueron excluidos, a la vez que solicitaban que se revean los criterios utilizados para el recorte.
A través de un relevamiento en 162 escuelas de nivel inicial y primario, de las cuales 111 pertenecen al interior y 51 a la Capital, los parlamentarios radicales advirtieron que el 90% de los casos el PAICOR redujo el número de las raciones. Del total de los establecimientos educativos del interior, 37 tuvieron un recorte de más de 25% y en capital, ese porcentaje se vislumbra en 19 colegios.
En relación al listado adjuntado en la nota remitida a la Defensoría el pasado 5 de julio, la misma funcionaria sostuvo que el PAICOR es un programa de ingreso de carácter personal, nominal, e intransferible; es decir, un derecho destinado a beneficiarios particulares, y por ende “no permite interferir la existencia de vulneración de derechos”.
Al respecto, Caffaratti opinó que “resulta ambigua y desconsiderada la respuesta, pues primero asegura que no pueden interferir en el padrón de inclusión, y por el otro promete verificar la información sobre la cantidad de alumnos excluidos del servicio. El Estado sigue retaceando información sobre recortes en el PAICOR”.
“Esperábamos una respuesta más bien institucional y no de tinte político, ante un marcado recorte que está afectando de manera trascendental no sólo la alimentación de los niños que provienen en su mayoría de familias con alta vulnerabilidad social sino que también tienen incidencia en la integración escolar en especial en las escuelas con jornada extendida”, sostuvo la integrante del bloque de la UCR.