Plan Qunita: Fiscal Taiano pidió que Aníbal vaya a juicio oral

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País (12/9/16). Argumentó que se habrían producido “irregularidades” en el Plan lanzado por el gobierno de CFK, que se otorgó a mujeres embarazadas beneficiadas por la Asignación por Embarazo. Para la denunciante, Graciela Ocaña, con este programa el kirchnerismo montó “un negociado” que implicó una defraudación al estado por $300 millones.

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió este lunes que el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández vaya a juicio oral y público junto a otras 17 personas por irregularidades en el Plan Qunita, que se otorgó a mujeres embarazadas beneficiadas por la Asignación por Embarazo (AUE).

Fuentes judiciales informaron que la fiscalía le pidió al juez federal Claudio Bonadio que las 18 personas, entre ellas también el ex ministro de Salud Daniel Gollan, por los delitos de fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

La causa se inició tras una denuncia de la legisladora Graciela Ocaña a raíz de la compra de 140.000 kits del Plan Qunita, que fue presentado por la ex presidenta Cristina Kirchner en enero de 2015 y consistía en que todas las mujeres beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) recibieran una cuna, sábanas, frazada y otros elementos básicos para la crianza del recién nacido.

La compra fue hecha el 8 de junio del año 2015 a las empresas Fasano SRL., Grupo Diela SRL., Compañía Comercial Narciso SRL., Fibromad SA., Delta Obras y Proyectos SA.
y Dromotech SA., las que proveerían entre todas un total de 140.000 kits, de los cuales la primera de las firmas aportaría 115.000 y las demás 25.000.

En la causa consta que el precio fijado por la SIGEN fue de $4.096,37 y del propio Ministerio estimado en $4.500, pero se pagó en valor promedio por cada kit de $7.800.

Negociado

Por su parte, la legisladora porteña Graciela Ocaña afirmó que con el plan “Qunita”, que contemplaba la entrega de 140.000 kits para recién nacidos entre las madres beneficiarias de planes sociales, “montaron un negociado con sobreprecios al doble del valor real” que implicó una defraudación al Estado por $300 millones.

“Bajo una buena política pública montaron un negociado con sobreprecios al doble del valor real. Yo compré un kit de calidad superior y gasté la mitad de lo que el Estado gastó en comprar 140.000 kits», aseguró Ocaña, impulsora de la denuncia en la justicia, en declaraciones a radio Continental.

Resaltó que “se armó todo de tal forma para que ganaran esas empresas, cuyas razones sociales no tenían que ver con el rubro que se estaba licitando”. Ocaña advirtió además que el proceso de licitación “se realizó en un tiempo récord”. (NA y Télam).