CABA/País (16/9/16). El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, calificó de “distorsionado, desigual, injusto y arcaico” el actual esquema tarifario para el gas. Ratificó el aumento de tarifas para consumos residenciales y confirmó que habrá alzas semestrales para eliminar los subsidios al consumo, durante la audiencia pública que se realiza en la Usina del Arte.
Aranguren defendió los incrementos a fin de “dar señales adecuadas al uso responsable, promover la producción y el empleo local y reducir las importaciones”, mientras representantes provinciales y de los principales productores del país (YPF y Total Austral), al igual que consultoras y entidades empresarias del sector, aportaron sus argumentos en el mismo sentido.
Las primeras tres horas de la audiencia pública, precisamente, fueron reservadas por el Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas) mayormente a voceros directos e indirectos del negocio, incluidas las once licenciatarias de los servicios de transporte y distribución del fluido.
Aranguren aprovechó sus 20 minutos de exposición, desde las 9.23 horas, para recordar que “el 40% de la población no tiene aún acceso a las redes de gas natural, mientras en invierno se importa un tercio del consumo”.
Alentó luego “un sendero gradual y previsible de precios que acorte la brecha entre costo de producción y precios, y concientizar sobre el impacto del ahorro energético en el poder adquisitivo familiar y en el cuidado ambiental”.
Aranguren rechazó además la “injusta distribución de subsidios a nivel federal”, y remarcó la importancia de la tarifa social, orientada a “proteger a los más vulnerables”, que alcanza a un millón y medio de hogares.
El ministro insistió en la necesidad de reducir los subsidios, que el año pasado sumaron en el sector 5.700 millones de dólares, que fueron pagados inclusive por quienes no cuentan con el servicio por redes.
“Quisimos –continuó Aranguren- llevar el precio del gas en boca de pozo de 1,29 a 4,72 dólares el millón de BTU (unidad térmica británica), pero la Corte Suprema dijo que era un precio de mercado y ordenó realizar esta audiencia”.
Por eso, explicó, “proponemos pasar a 3,42 dólares y evolucionar de forma gradual y previsible con aumentos semestrales en tres años, de forma tal de lograr el valor de mercado a fin de 2019. En ese momento cualquier otra modificación va a estar definida por la oferta y la demanda, y no va a ser necesario una audiencia pública”.
En el caso de las áreas donde mayor es la incidencia de los subsidios -Malargüe, la Patagonia y la Puna- los aumentos semestrales concluirán en octubre del 2022.
En cuanto al impacto en los consumos residenciales, Aranguren precisó que “para los consumos más bajos la tarifa será de 107 pesos antes de impuestos, cuando el gas en garrafas demanda 299 pesos mensuales”.
“Es decir, el 56% de los hogares tienen un consumo que es tres veces menos que el combustible sustituto, frente a los 50 pesos de la tarifa social y lo que cuestan los abonos de TV cable o el servicio de telefonía celular», comparó Aranguren.
El ministro agregó que “vamos a escuchar las exposiciones» para evaluar “cualquier tipo de modificación que se deba hacer», tanto para el servicio comercial como el de GNC –para los cuales rigen las subas dispuestas en abril- “para tener un sistema coherente y homogéneo”.