Opositores se unen en la demanda de interpelar a Mestre por la colocación de deuda y su destino

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Ciudad de Córdoba (28/9/16). Al tomar estado parlamentario el proyecto opositor en la sesión de este jueves, los bloques de concejales de ADN y Fuerza de la Gente, impulsarán su tratamiento ante la resistencia oficialista. Los ediles requieren saber el destino de los USD 150 millones “cuyos bonos de deuda fueron colocados en el mercado internacional hace unos días y cuya finalidad es aún incierta”, sostuvieron.

Desde las dos bancadas que componen el arco opositor en el Concejo Deliberante, recordaron que la autorización para el endeudamiento del Municipio por ese monto en dólares fue aprobada a principios de año por el oficialismo, UPC y el bloque comandado por el ex ADN, Marcelo Pascual.

En ese sentido, insistieron en su postura de que tomar deuda en mercados internacionales y en moneda extranjera, “representa un gran riesgo al poner al Municipio en manos de acreedores externos que luego buscan una rentabilidad a costa de las arcas de los estados”.

Al defender el rol que le cabe a la oposición de controlar los actos del gobierno municipal, ADN y el Riutorismo, argumentaron que la iniciativa en cuestión responde a un único fin: “Fiscalizar las actividades del poder para evitar abusos”.

Para que dichas actividades “se desarrollen dentro de determinados parámetros de legalidad, economía, eficiencia y eficacia, sobre todo al tener en cuenta la estructura contractual que regula a la búsqueda de financiamiento en general posee cláusulas irrisorias que pueden llevar al default de un Estado”, advirtieron.

Al hacer hincapié en la situación administrativa de la Municipalidad y en su nivel de transparencia y resguardo del patrimonio estatal que se cuestiona a diario de la gestión mestrista, los opositores enfatizaron en están obligados “a extremar el esfuerzo con el objeto de satisfacer las expectativas y requerimientos de los vecinos de Córdoba”.

“En éste marco, recordamos la obligación de los gobiernos de responder ante los ciudadanos en cuanto a sus acciones, y más aún cuando se trata del destino del dinero público en orden al resguardo del interés general y a las buenas prácticas de una sana administración”, fundamentaron.