Córdoba/País (1/10/16). “Hay mucho que trabajar en el aspecto de las contrataciones públicas”, afirmó la legisladora porteña, Graciela Ocaña, en diálogo con Agenda 4P. Al plantear el tema, hizo foco en la administración central (pos kirchnerismo), pero también en las gestiones provinciales y municipales. En cuanto a las presiones sobre la Justicia en la era K y, tras el cambio de gobierno, sostuvo que “esto ha terminado”. Asimismo, se refirió a la calidad y transparencia institucional ligadas al desarrollo económico de un país.
Ocaña estuvo este viernes en la Capital cordobesa con motivo de su participación en el panel sobre Transparencia Institucional, en el marco de la 37° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que congregó a empresarios, economistas, políticos y consultores.
“La Argentina tiene un grave problema de calidad institucional y durante mucho tiempo se pensó que las instituciones iban por un lado y el crecimiento del país, la competitividad, la economía por el otro”, afirmó la legisladora, en la que fue su primera definición en conversación con este medio digital.
En ese sentido, argumentó que “muchos autores que han relacionado como países con alta calidad institucional, también tiene como implicancia desarrollo y mejor competitividad en su economía”.
Atento a ello, Ocaña opinó que “la Argentina debe repensar sus instituciones y fundamentalmente trabajar en todo lo que tiene que ver con la transparencia en la gestión pública”. A modo de ejemplo, valoró como un avance positivo la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Destacó que la sanción de dicha norma “es muy importante”, debido a que “obliga también a publicar información a todos los organismos que están bajo la tutela de la ley”.
Al sostener que hay que avanzar en otros aspectos, la referente de “Confianza Pública” planteó dos ejes que reflejan la debilidad del sistema democrático argentino en cuanto a calidad y transparencia institucional: Financiamiento de la política y el proceso de contrataciones del Estado.
“Mucha parte o alguna parte de la corrupción y de la ineficiencia, y el mal uso de los recursos públicos, se explica en un financiamiento casi ilegal de la política”, resaltó.
Se expresó a favor de llevar procesos más cortos y, fundamentalmente, “discutir los pliegos de compra o los pliegos que demandan los bienes que el Estado compra, porque muchas veces ahí está la cuestión y ahí es donde comienza el enclave de corrupción o de falta de transparencia, que hace que no haya competencia, por lo tanto, que el Estado pague a precios más caros o compre bienes que no corresponden”.
En el marco de la pregunta acerca de lo que dejó la etapa kirchnerista en el gobierno, en materia de contrataciones en obra pública direccionadas al empresario Lázaro Báez, la parlamentaria porteña, manifestó que “hay que hacer un gran esfuerzo de transformación en el formato de las compras del Estado, con el acceso a tecnología que permite una compulsa a veces más rápida con esto de los pliegos. Y fundamentalmente evitar los ‘clubes’ de proveedores que muchas veces se fundan”.
Consultada por las expresiones públicas de la jueza Servini de Cubría que hacen mención a que durante el gobierno kirchnerista hubo presiones a la justicia, y ahora se observa otro escenario a partir del nuevo gobierno, Ocaña consideró que “hay otro clima”, que se observa “en muchos de los avances de las causas judiciales y de jueces que durante mucho tiempo -en algunos casos como Casanello- que tuvo las pruebas y los elementos y la verdad que no hizo demasiado para investigarlos”.
“Creo que es positivo, hay que entender que había presiones como lo ha dicho la señora jueza, sino que también hay un fiscal asesinado luego de haber denunciado a la ex presidenta y a otros altos funcionarios, que a un año y medio todavía no sabemos que le paso, aunque todos sospechamos que fue asesinado”, subrayó.
También hubo presiones “a las que fuimos sometidos dirigentes políticos, periodistas, también hacia los jueces”, añadió.
En este sentido, afirmó que todos los intentos del kirchnerismo amparados en lo que se dio en llamar la “democratización de la justicia”, muestran que “no hubo una justicia independiente sino una justicia que se intentó manipular básicamente para garantizar la impunidad, lo que ha terminado es eso; esa garantía de impunidad que habían conseguido y hoy muchos ex funcionarios están desfilando por la justicia”, concluyó.