País (3/10/16). Está por comenzar la siembra de soja 2016/17 en Argentina y en materia de semillas no han habido cambios significativos que mejoren el entorno, la fiscalización, la aplicación de la Ley de Semillas 20.247 y la transparencia en la comercialización de soja, advirtió CRA.
A pesar de la “conciencia” de las autoridades acerca de la necesidad de avanzar en fortalecer el INASE, la entidad ruralista expresó que “sigue sin constituirse su directorio y no se vislumbran acciones contundentes en pos de combatir el comercio ilegal de semillas para hacer cumplir la Ley”.
“Adicionalmente el INASE continúa aprobando variedades que tendrían doble protección legal por la Ley de Semillas y la Ley de Patentes, contrariando lo que establece la legislación vigente adherida desde 1994 al Acta 1978 de la Convención Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV)”, afirmó.
Por lo que se enfatizó que “Argentina no admite esta doble protección, o se está en el sistema de obtentor (semillas ley 20.247) o en el sistema de patentes”.
Ante esta situación, CRA recordó que solicitó al INASE por nota que se expida sobre la doble protección en variedades de soja, y luego de 3 meses, “no hemos obtenido respuesta por parte de su presidente Raimundo Lavignolle, a pesar de haberle presentado toda la información”.
Por otro lado, al reconocer los “esfuerzos” por parte del ministerio de Agroindustria, Confederaciones Rurales Argentinas cuestionó que Monsanto “insiste con su sistema de intervención privado en el comercio de soja, principal producto de exportación donde Argentina es líder en harina y aceite de soja, imponiendo su cláusula en los contratos de venta de soja y la fiscalización sobre toda esta producción, sea o no soja Intacta, lo que entorpece la comercialización”.
Cabe mencionar que Monsanto para realizar “esta presión sobre el sistema comercial argentino se apoya en una patente que fue otorgada 10 días después de la asunción como presidente de Cristina Fernández de Kirchner en 2007 y que tendría vicios de nulidad”, destacó la entidad.
Al respecto, añadió: “La ley de nuestro país es clara respecto a qué es lo que se puede patentar y qué requisitos una patente debe cumplir, parámetros que la patente sobre la que Monsanto basa sus derechos obviamente no se cumplirían”.
Ante la demanda de soluciones de alto nivel para los agricultores y pensando en la innovación para la agricultura de nueva generación, CRA sostuvo que “es necesario fortalecer y eficientizar los mecanismos de fiscalización y el INASE, hacer cumplir la ley vigente, derogar los sistemas de intervención privados sobre la comercialización de soja que lleva adelante Monsanto”.
También expresó el planteo de trabajar en “una legislación moderna que respete los derechos de los agricultores, fomente la utilización de semilla fiscalizada, genere mayor investigación, desarrollo local y competencia entre los proveedores de tecnologías en semillas a precios competitivos”
“De no producirse los cambios necesarios, se vislumbra un nuevo escenario de incertidumbre sobre la comercialización y exportación de soja, y en la incorporación de innovaciones al proceso productivo”, concluyó.
