Justicia adquirió 1600 “smartcards” para implementar la firma digital en la provincia

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Córdoba (6/10/16). La aplicación de tales dispositivos al proceso judicial permite dotar de altos niveles de seguridad a estas transacciones electrónicas, expresaron fuentes judiciales.

El Poder Judicial adquirió 1600 “smartcards” certificadas que están siendo utilizadas en toda la provincia para la implementación de la firma digital en las órdenes de pago judiciales, con altos niveles de seguridad.

El sistema ya fue puesto en marcha en varias circunscripciones judiciales y se estima que, a mediados de noviembre, se culminará la implementación del proyecto, una vez que todas las sedes judiciales de la provincia cuenten con órdenes de pago electrónicas.

Los dispositivos denominados “smartcards” fueron provistos por la empresa Macroseguridad.org, un distribuidor mayorista de soluciones de firma digital segura que presta servicios en Argentina, México, Brasil y otros países latinoamericanos.

Esta compañía, que tiene más de diez años de experiencia en el área de seguridad informática, ganó la licitación pública convocada por la Justicia de Córdoba, se aclaró.

Cabe destacar que la gestión de las órdenes de pago judiciales consumía una importante cantidad de recursos del despacho judicial. Por esta razón, se decidió incorporar las nuevas tecnologías (TICs), específicamente, en este eslabón del proceso judicial con la finalidad de darle mayor celeridad al trámite.

“Conocemos estas tecnologías desde el año 2007, cuando implementamos por primera vez firma digital. Ahora, por una serie de nuevos servicios basados en TICs, se hace imprescindible llevar la seguridad, identidad y encriptación de los datos a los niveles más altos”, especificó Diego La Serna, director del Área de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Poder Judicial.

En esta misma línea, la jefa de la Subárea de Investigación Desarrollo e Innovación Tecnológica del Poder Judicial, sostuvo que “la implementación fue realizada con éxito en base a las tecnologías comercializadas por Macroseguridad.org. Se resolvieron con eficiencia muchos microprocesos que estaban a cargo de los usuarios judiciales y de los letrados matriculados. De esta forma, se eliminan muchos contratiempos como, por ejemplo, los errores al momento de transcribir los CBU”.

“Todo el proceso es electrónico. Se eliminan todos los costos asociados a la logística entre los beneficiarios y el Poder Judicial; y lo mismo para con el banco. Se podrían enumerar otras mejoras en los costos y eliminación de tiempos en comparación con el estado anterior del uso de papel”, explicó Esteban.

Por su parte, Ricardo Alonso y Antonio García, funcionarios del Área de Tecnologías de la Información y la Comunicación, afirmaron que “en principio, todo se construyó con muy bajo nivel de contratiempos, no ocurrieron dificultades complejas y no nos encontramos con problemas en el desarrollo operativo ni tampoco en la post implementación. Ya se han desplegado más de 400 certificados y se han firmado transacciones por muchos millones de pesos en pagos electrónicos”.