Córdoba (24/10/16). Mediante un pedido de informes, el legislador Jorge Font (UCR) requirió al Ejecutivo conocer en detalle sobre diversos aspectos de Seguridad Ciudadana y Abordaje de la Problemática de la Violencia, atento a los requerimientos que se expresan en la iniciativa radical.
El autor del proyecto pide identificar programas de las diversas competencias, que impliquen la ejecución de Acciones Sociales Directas con las familias y comunidades barriales, con profesionales que representen a la administración pública provincial: en el territorio de la ciudad Capital, y en Municipios y Comunas de la provincia de Córdoba.
También, individualizar las áreas de competencia de estos Ministerios, que instrumentan políticas acompañadas de acción directa profesional con las familias de la ciudad de Córdoba; y determinar organismo del Poder Ejecutivo encargado de centralizar, supervisar y valorar estas acciones, en atención a las exigencias de seguimiento que requiere la vía de Control de Convencionalidad Internacional.
En tanto, el legislador radical exige dar a conocer los espacios geográficos de acciones directas por parte de profesionales que cumplen funciones en el Poder Ejecutivo, individualizando en cada caso: barrios; universo de ciudadanos contemplados; cantidad de profesionales involucrados; y recursos materiales que se invierten en las diversas acciones de prevención.
Asimismo, Font solicita las razones de la selección de barrios, comunidades o zonas en las que concentra el abordaje profesional. Remitir a la Legislatura, la evaluación y estudio que justifique dichos programas; en la ciudad de Córdoba, y en los Municipios o Comunas que se estuvieren instrumentando mediante convenio específico.
Finalmente, entre otros puntos el integrante de la bancada radical exige conocer las razones sobre la decisión del Poder Ejecutivo de anular al Consejo de Partidos Políticos y del Consejo Económico Social (con rango constitucional) en problemáticas trascendentes como la violencia social y doméstica, y violencia contra la mujer.
“En el caso de la provincia de Córdoba, diversos estudios dan cuenta sobre la carencia de abordaje en el territorio y con las familias y que se habría abandonado el trabajo de campo que contemple las problemáticas sociales. Nada informa el Poder Ejecutivo al respecto y los programas oficiales solo dan cuenta de tareas de distribución de bienes y subsidios de cobertura a la comunidad. Los distintos colegios profesionales, y universidades, leen esta ausencia pública a partir direccionarse solamente los recursos del Estado para el clientelismo, o para la inversión en proyectos que signifiquen el impacto publicitario”, expresó Font.
“Es deuda pendiente del Poder Ejecutivo, el carácter sustentable de los planes ofrecidos. No quedan dudas que se trata de un carácter erróneo de las políticas provinciales, que pusieron énfasis en la seguridad ligada sesgadamente con la criminalidad social. La policía es el actor central en su implementación, con aumento de armamentos, tecnología y sospechosa autonomía a la hora de definir políticas. Con un viraje en el presente que compromete a la sociedad en su conjunto y desplaza responsabilidades, lo que viene a modificar sustancialmente y a encubrir competencias indelegables”, advirtió el autor del proyecto.