Las objeciones presentada por la líder de la Coalición Cívica al dictamen de mayoría que busca acotar el mandato de la actual Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, pateó el avispero en la coalición oficialista y sumó presión para que el proyecto quedara fuera de la sesión de este miércoles, pese a que el gobierno contaba con los votos del Frente Renovador.
De esta manera, solo se tratarán en el recinto la ley de participación público-privada, que ya tiene sanción del Senado, y una nueva ley de subrogancias, confirmaron fuentes legislativas a NA.
La posición de Carrió que tildó a la iniciativa de “inconstitucional”, provocó una grieta en el seno del interbloque, cuyos integrantes se reunieron este martes y acordaron suspender el debate del proyecto girado por Ejecutivo para reformar el Ministerio Público y sesionar, en cambio, con otros temas pendientes.
Asimismo, el planteo de la diputada aliada generó malestar en el Frente Renovador, que advirtió que no continuarán con el tratamiento de la iniciativa «hasta que Cambiemos no resuelva sus diferencias» internas en torno al proyecto.
En declaraciones a la prensa, Carrió advirtió además que «el tema debería haber pasado por la comisión de Asuntos Constitucionales, que integra pero, dijo, «no lo giraron y en la comisión de Justicia nuestros diputados (CC) firmaron en disidencia», remarcó.
La Cámara de Diputados sesionará con otros temas contemplados en el temario, entre los que se encuentran los proyectos que forman parte de la reforma Justicia 2020”.
También incluirían en el debate de este miércoles el proyecto del Ejecutivo de Participación Público Privada (PPP) para transparentar los contratos públicos y privados, que tiene sanción del Senado, pero que es cuestionado por algunos radicales y varios bloques opositores, con lo cual el oficialismo se verá obligado a realizar cambios y devolverlo nuevamente al Senado.
Otras de las cuestiones que se podrían incluir es el proyecto de apoyo a emprendedores, que crea las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), una figura jurídica que facilitará la apertura de una empresa en 24 horas a través de Internet, con constitución de CUIT y apertura de cuenta bancaria en forma y otro proyecto que propone delegar la coordinación en el otorgamiento de la matrícula federal y el control disciplinario de su ejercicio a la Federación Argentina del Colegio de Abogados (FACA).
Además, aseguró que «si no se generan los consensos, no habrá modificación a la ley», lo que consideró que «tampoco es nada grave».
En el marco de las repercusiones por la reforma del MPF impulsada por Ejecutivo, el fiscal federal, Jorge Di Lello, se pronunció en contra y sostuvo que la intención de remover a la procuradora Gils Carbó con este proyecto, es como usar un misil “para matar una cucaracha”.
“Hacer la reforma por una persona es usar un (misil) Exocet para matar a una cucaracha y después quejarse porque se cayó el edificio”, afirmó.
Para el funcionario judicial, con la reforma que promueve el Poder Ejecutivo “se perdería absolutamente la independencia del Ministerio Público”.
“La ley establece los mecanismo para remover al Procurador, apliquemos eso. Hasta la doctora (Elisa) Carrió dice que la ley (el proyecto del Ejecutivo) es inconstitucional”, expresó Di Lello en declaraciones a la radio Futurock.
“Concretamente resulta una violación del artículo 120 de la Constitución Nacional. Viola la independencia y la autonomía porque crea una comisión bicameral permanente que decide cosas muy trascendentes dentro del Ministerio Público Fiscal”, indicó Vázquez.
“Cuando se reformó la Constitución se estableció al Ministerio Público como el cuarto poder del Estado que defiende los intereses de la sociedad. Este proyecto está dirigido a desplazar a la procuradora Gils Carbo sin ningún tipo de justificación”, añadió en declaraciones a radio Cooperativa.
Desde la vereda de enfrente, es decir Cambiemos, quien opinó acerca del dictamen del proyecto de ley que propone la reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal, fue el diputado radical Diego Mestre.
“Además, la norma vigente supone una concentración extrema de facultades sobre la figura del Procurador General”, sostuvo el parlamentario cordobés al justificar la iniciativa del Ejecutivo nacional con la cual se busca la refuncionalización del Consejo General del Ministerio Público Fiscal, la participación de la comisión bicameral del Congreso de la Nación para el seguimiento y control del mismo, y el acotamiento del mandato del Procurador General a cinco años.
Al mencionar el caso por el cual la Procuradora General Gils Carbó promovió el juicio político al fiscal José María Campagnoli por investigar a Lázaro Báez, “beneficiario de montos faraónicos del erario público”, Mestre resaltó: “¿Cómo es posible que el encargado de perseguir a ese tipo de criminales castigue a un colega por hacer su trabajo?”
En una columna de opinión publicada por Télam, el radical aliado en Cambiemos, acentuó: “Esta ley puede beneficiar al pueblo argentino y finalmente, traerle respuestas a tantos años de desasosiego e impunidad en los altos estratos del poder”. (Fuente NA, Télam y Redacción)