Violencia de Género: Con el propósito de “agilizar” la respuesta judicial, Unicameral aprobó 3 leyes

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Córdoba (17/11/16). Por amplia mayoría, el Pleno legislativo convirtió en ley, tres proyectos que regulan la respuesta judicial para atender los casos que se vinculan a dicha problemática social. Dos normas se vinculan con los procedimientos y la tercera, crea 4 Juzgados (tres en Capital y uno en Río Cuarto) y 6 asesorías letradas en el interior provincial.

El haber introducido al menos 20 modificaciones a los proyectos originales propuestas por la oposición, posibilitó que el oficialismo y los bloques opositores (salvo dos integrantes del FIT que presentaron un despacho en disidencia), avanzaran este miércoles en la aprobación de las iniciativas que regulan la respuesta judicial a la violencia de género y familiar.

Con la primera norma sancionada, se ajusta el procedimiento de la ley de violencia familiar provincial (9283) al procedimiento establecido en ley nacional 26.485 de protección integral de la mujer. Esto permite acortar algunos plazos y establecer el patrocinio letrado gratuito, entre otros cambios, se indicó.

La segunda ley establece la creación de  tres nuevos juzgados de violencia: uno en Río Cuarto -donde en la actualidad hay uno- y dos en la Capital cordobesa. Más seis asesorías letradas en el interior provincial.

El tercero proyecto convertido en ley, estipula el procedimiento para los casos de las otras modalidades de violencias hacia las mujeres -además de la doméstica- previstas en la ley nacional 26.485: violencia institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática contra las mujeres.

“Celebro los acuerdos que hemos llegado, el esfuerzo que hemos hecho desde los tres poderes del Estado. Hemos tenido una madurez importante en la construcción de consenso”, resaltó la legisladora Liliana Montero, durante su discurso en la sesión de ayer.

Sostuvo además que “son leyes que muchas víctimas están esperando para tener garantías de que las Justicia llegue a tiempo”.

Desde la bancada radical, la parlamentaria Elisa Caffaratti, se expresó a favor de fortalecer la implementación “eficaz” de las leyes. “Por eso el foco para la aplicación efectiva de éstas debe incluir como un pilar fundamental la capacitación de los funcionariosfuncionarias y el conjunto de los operadores que actúan en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo y que se ocupan de los casos de violencia contra las mujeres”, afirmó.

“Nada de lo dicho hasta acá será posible si el Ejecutivo no asume la prioridad de esta temática en su agenda y dispone de los recursos humanos y financieros suficientes. Sin estas premisas estaremos ante un gran engañoletra muerta”, advirtió la miembro informante del bloque UCR.

Presentes en el recinto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Angulo; y la secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer, Claudia Martínez.
Presentes en el recinto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Angulo; y la secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer, Claudia Martínez.

Por su parte, el legislador Julián López (UPC), remarcó que “urgencia y celeridad, son los preceptos incorporados en la modificación, para reducir los plazos procesales en todo sentido”.

El integrante de la bancada de la mayoría oficialista, sostuvo que el gobierno de la Provincia “demuestra con sus acciones está dispuesto a  dar respuesta a todas las situaciones que se susciten como consecuencia de este flagelo”.

En esa línea, manifestó que la administración provincial viene implementando políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia de género y familiar.

Al tiempo que destacó la necesidad de “un compromiso de toda la ciudadanía”. “Todos somos responsables, principalmente desde la educación que se brinde en el seno familiar”, subrayó.

En el debate de los proyectos y su aprobación final, estuvieron presentes en el recinto de sesiones, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Angulo; y la secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas,  Claudia Martínez.

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Entre los puntos clave de las normas sancionadas, que fueron modificados a instancia de la legisladora Montero y que contó con el apoyo oficialista, se destacan:

Juzgados. El proyecto original creaba cuatro juzgados (tres en capital y uno en Río Cuarto), pero toda la estructura de estos iba a ser integrada con secretarías y equipos existentes de otros juzgados, que ya están desbordados. Con los cambios introducidos a la ley, se fijó que los juzgados deberán estar dotados de una estructura de profesionales nueva.

Definiciones. Además, se compatibilizaron las definiciones de las violencias (física, psíquica, económica y sexual) entre la ley de violencia nacional, que es más amplia, y la provincial 9.283.

Patrocinio gratuito. Un punto clave de una de las leyes es la del patrocinio letrado gratuito. El proyecto original lo mencionaba, pero nada decía sobre quién tenía que garantizarlo. A partir de la propuesta de la oposición, se estableció claramente que el Poder Judicial de la Provincia es el responsable. Para ello, se crearon por ley nuevas asesorías letradas.

Audiencia. El proyecto original decía que, tras la denuncia, el juez iba a tener 48 horas para “convocar” una audiencia (podría convocarla en 48 horas pero tomarla en 5 meses, por ejemplo). Se propuso que se establezca un plazo específico para que el juez deba “tomar”  la audiencia, tal como lo expresa la ley nacional. Finalmente, se consensuó que la audiencia se tome dentro de los 10 días de ser convocada.

“La premura en la toma de la audiencia es un tema central. El juez no puede evaluar, hasta la audiencia, qué otras medidas se deben tomar. Los plazos se acortan de manera suficiente y con una celeridad que esperamos que se resuelvan muchas de las situaciones que tenemos de procedimiento”, resaltó la legisladora en la sesión de ayer.

Medidas cautelares. El proyecto original  omitía varias de las medidas incluidas en la ley nacional que puede tomar de urgencia el juez y/o fiscal. Esto se modificó permitiendo la incorporación de otras medidas, como la de ordenar a la fuerza pública el acompañamiento de quien padece violencia a su domicilio para retirar sus efectos personales así como el uso de dispositivos electrónicos (como el botón antipánico) que ya se están usando pero no estaban incorporadas en la letra de ley como una de las  medidas.

Denuncia obligatoria. Teniendo en cuenta las demandas de diversas organizaciones sociales, se introdujo un artículo que impone la obligación de realizar la denuncia a las personas que se desempeñen en servicios asistenciales, policiales, sociales, educativos, de justicia y de salud y, en general, quienes desde el ámbito público o privado, que con motivo o en ocasión de sus funciones, tomen conocimiento de un hecho de violencia. Se preservará la identidad del denunciante.

Acompañamiento. Se incorporó a la iniciativa original la posibilidad que quien acompañe a la víctima a una pericia u otras instancias judiciales pueda disponer de un día de licencia para hacerlo.

Evitar la revictimización.  Con este objetivo, se introdujo la posibilidad de que el juez se valga de los informes elaborados por los equipos interdisciplinarios de la administración pública sobre los daños físicos, psicológicos, económicos o de otro tipo sobre la situación de peligro sufrida por la mujer.