Córdoba (25/11/16). Coordinada por el ministro de Justicia y DD.HH., Luis Angulo, dicha Comisión tendrá a su cargo aportar mecanismos que doten de mayor celeridad y participación ciudadana para adecuarlos a la legislación de fondo, se sostuvo desde la cartera de gobierno.
En una reunión convocada y coordinada por el ministro Angulo, quedó conformada la Comisión encargada de reformar el Código de Procedimiento Penal provincial.
La iniciativa responde al pedido del Ejecutivo provincial cuando en la Apertura de Sesiones Ordinarias, el pasado 1 de febrero, el gobernador Juan Schiaretti se refirió a la necesidad de modificar los códigos de procedimientos adecuándolos a la legislación de fondo.
En la oportunidad, Angulo destacó la participación y compromiso de los representantes que integran la Comisión en el desafío de producir “las reformas legislativas que tiendan a mejorar el servicio de justicia” en beneficio de la ciudadanía, a través del debate amplio entre los especialistas en la materia.
En este sentido, el funcionario sostuvo que la reforma procesal “debe concebirse como una política pública en la que está comprometido el gobierno de Córdoba y que debe orientarse a una reforma integral, potente, donde el objetivo central esté dado en promover agilidad y eficacia en los procesos”.
Remarcó además que se deben garantizar “los derechos humanos, los derechos de la sociedad, los derechos de las víctimas y de los imputados”.
Angulo instó a los presentes a realizar los mayores esfuerzos para buscar respuestas que otorguen “mayor celeridad en los procedimientos y rápida resolución de los conflictos, profundizando el principio de la oralidad en el proceso penal y la promoción de nuevos modelos de gestión en garantía de los derechos fundamentales de los habitantes de la Provincia”.
La Comisión de Reforma al Código Procesal Penal, de la cual forman parte destacados especialistas en la materia, está integrada por representantes del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia; de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, a través, a través de José Ignacio Cafferata Nores y Jorge Montero, representantes titular y suplente respectivamente; por la facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba, a Carlos Ferrer; por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, a Pablo Bustos Fierro.
Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia designó a Marcelo Nicolás Jaime; la Fiscalía General de la Provincia a José Gómez Demmel; el Colegio de Abogados de Córdoba, a Maximiliano García y Pedro Eugenio Despouy Santoro; la Federación de Colegios de Abogados de Córdoba, a Mauricio Paschetti y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Córdoba a Marcelo Novillo Corvalán.