Ciudad de Córdoba (7/12/16). En la sesión especial de este miércoles, el oficialismo derogó la ordenanza Nº 11.988, sancionada en noviembre de 2011, que creó el Banco de Inmuebles.
A su vez, la bancada de la mayoría en el Concejo Deliberante, aprobó otra ordenanza en su reemplazo que crea una “Reserva de Inmuebles con Destino Social”, que se integrará a futuro con el aporte del 2% de todas las urbanizaciones y loteos.
Al respecto, el concejal Esteban Dómina, fue el encargado de expresar la postura crítica del bloque de Unión por Córdoba. “La tardía derogación de la ordenanza, después de incumplirla durante cinco años, no exime a la actual administración de las responsabilidades emergentes por no haber cumplimentado, implementado ni reglamentado una norma que tuvo plena vigencia legal durante dicho período”, advirtió.
En cuanto a la principal reforma introducida hacia adelante, que implica bajar el aporte de los urbanizadores, loteadores y desarrollistas del 5% al 2%, el edil sostuvo que es “un claro beneficio a favor de los mismos”.
Para ejemplificar el perjuicio que la derogación genera para la ciudad, Dómina explicó que los más de veinte Convenios Urbanísticos aprobados por esta gestión debieron haber aportado al Municipio el 5% de las respectivas superficies al Banco de Inmuebles, un beneficio que ahora se pretende resignar al condonar de modo retroactivo 3 puntos porcentuales (de 5% a 2%) de dicha obligación, que fue trasladada íntegramente al precio de las parcelas puestas a la venta por los beneficiarios de dichos Convenios”.
En este marco, Dómina planteó que, por ejemplo, uno de esos Convenios Urbanísticos (Los Ombúes), que benefició con cambio de uso del suelo de 700 ha. ubicadas en el límite con Malagueño, que debieron reportar al Municipio el equivalente a 35 ha. (5%), ahora se pretende reducir esa obligación a 14 ha. (2%), con el consiguiente perjuicio para la ciudad y el beneficio extra para el desarrollista.
Para concluir, el concejal peronista sostuvo que “no se puede convalidar de este modo grosero la inacción de la actual administración durante cinco años, y mucho menos avalar el incumplimiento de una norma, la ordenanza Nº 11.988, que tuvo fuerza de ley mientras estuvo vigente”.
