Córdoba (29/12/16). El titular del bloque de UPC, Carlos Gutiérrez, rebatió las críticas del legislador opositor, quien en una nota de Agenda 4P cargó duro contra el oficialismo por rectificar un artículo de la ley 8614, tras advertir que “muchos ‘amigos’ iban a quedarse sin poder hacer obra pública”. Por su parte, Montero y García Elorrio se sumaron a la posición del juecista.
Los cuestionamientos del legislador Juan Pablo Quinteros (Frente Cívico) al proyecto oficialista que modificó lo aprobado hace escasas dos semanas, fueron refutados por la principal espada schiarettista en la Unicameral. (Ver nota. Obra pública: Duro cuestionamiento de Quinteros a proyecto oficialista “anti-transparencia”).
Cabe destacar que en la última sesión de este año, la bancada de la mayoría aprobó -en soledad- la modificación al inciso F del artículo 12 de la ley 8614 (de Obras Públicas) que suprime la restricción de participar en procesos licitatorios a personas que tengan causas judiciales pendientes en calidad de procesado por delitos contra la propiedad, la administración pública, por lavado de activos o por corrupción.
Ante la acusación de Quinteros, quien conduce el bloque de UPC, resaltó que “la oposición tendría que empezar por reconocer la inconstitucionalidad del inciso F de ese artículo que ha constituido indudablemente, y lo hemos reconocido, un error en que han incurrido las comisiones y luego el pleno, que revisado el mismo claramente es inconstitucional (…)”.
El articulo “toma como condenado a quien todavía no lo ha sido, y por lo tanto, impidiéndole que participe de cualquier tipo de licitación pública. Hemos actuado de buena fe al reconocerlo (en alusión al error) y al modificarlo, pero no encontramos sobre todo en el legislador Quinteros la misma respuesta en reconocer que evidentemente estamos ante una flagrante inconstitucionalidad y que había que corregirlo”, declaró Gutiérrez a Agenda 4P.
El oficialista sostuvo además que se sabía de que esto “se iba a aprovechar (por parte de los opositores) para volver a discutir lo que ya discutimos en su momento, en oportunidad de haber aprobado el fondo de la cuestión que es toda la ley de obra pública que entre otras cosas va a facilitar y hacer posible que la friolera de recursos que se van a destinar del presupuesto a obra pública, se pueda hacer resguardando todos los mecanismos de transparencia, pero también con la agilidad que los vecinos necesitan”.
Al consultarle por si lo aprobado abre las puertas a empresas sospechadas de corrupción, como es el caso de Odebrecht, el dirigente riocuartense, aseguró: “Ni las abre, ni las cierra. En todo caso lo que hay que hacer es modificar este principio que está consagrado en la Constitución Nacional, en el artículo 18, que es de que nadie puede ser condenado sin juicio previo, y a nadie se le puede sospechar de su culpabilidad hasta que la misma sea probada”.
En alusión al caso de corrupción conocido como el “Lava Jato”, en el cual está involucrada la empresa Odebrecht, Gutiérrez aclaró que “una cosa son las personas físicas y otra cosa son las personas jurídicas”.
“Una sociedad puede tener un miembro sospechado, si lo puede tener; lo puede tener procesado, si lo puede tener; lo que no puede hacer el Estado es vulnerar esa pirámide fundamental del derecho que garantiza entre sus principios, el derecho de que todos somos inocentes hasta que se nos comprueba lo contrario”, remarcó.
En ese sentido, el presidente del bloque de UPC, advirtió que de no proceder conforme a ese principio constitucional, “nos sometemos a la posibilidad de que esas empresas le inicien juicio al Estado y se lo ganen, precisamente por una cuestión absolutamente clara que es la inconstitucionalidad de una medida, si la hubiésemos permitido que siguiera adelante”.
Más opiniones opositoras
Al planteo de Quinteros se sumaron los otros dos integrantes del “triunvirato opositor”, es decir, Liliana Montero y Aurelio García Elorrio.
Luego de aprobada la rectificación a la ley de Obras Públicas por parte de la mayoría oficialista, la parlamentaria que integra el bloque de Córdoba Podemos, opinó: “Es claro que la modificación de este inciso está determinada por la situación puntual que se da con la empresa Odebretch”.
“Si bien ya el contrato está vigente, resultaría difícil para el oficialismo justificar este acuerdo toda vez que el contrato con Odebrecht se dio estando ya esta empresa con problemas judiciales en otras jurisdicciones”, señaló Montero, en referencia a la construcción de seis de los diez gasoductos troncales en Córdoba que debe ejecutar la empresa mencionada, cuya sede brasilera está sospechada del pago de coimas.
Por su parte, el vecinalista recordó que Quinteros había logrado introducir en la ley que se aprobó hace 14 días que no solamente los condenados sino también los procesados no participaran de procesos licitatorios de obra pública.
“En todo el país se está viendo el desastre que ha sido la obra pública; un verdadero desastre lo que se ha hecho. Entonces, el Estado tiene todo el derecho a defenderse con normas especiales que existen para otras situaciones”, afirmó García Elorrio, quien consideró esto como “una oportunidad de ganar en transparencia”.
Ante la consulta de este medio digital, el referente de Encuentro Vecinal Córdoba, no descartó la posibilidad de que esta modificación introducida por UPC sea hecha para “empresas amigas del poder”.
“Puede ser”, manifestó y agregó: “Ya vamos a ver, porque hay mucho dinero para obra pública; vamos a ver quienes se presentan y ahí nos vamos a dar cuenta”.
