País (9/1/17). El Gobierno designó para los tribunales orales federales a funcionarios de su cercanía a pesar de que hay un decreto con la designación de varios puestos vacantes que fueron elegidos por concurso.
La mayoría de Cambiemos en el Consejo de la Magistratura logró que se impongan sus candidatos para los tribunales orales federales a pesar de que existe un decreto del 2015 con la designación de los nuevos jueces que accedieron por concurso.
El último día hábil antes de la feria judicial, no fue tranquila en el Consejo de la magistratura, los «newman boys» representados por Juan Tonelli, Fabián «Pepín» Rodríguez y el juez Luis Cabral no lograron imponer su idea de apartar a Juan Carlos Servini del cargo de administrador del Consejo.
Pero no fue la única pelea, según publicó hoy Página 12, el macrismo, todos los newman boys y los angelicista, evitaron tratar las designaciones para ocupar los cargos vacantes en los tribunales orales federales.
No son cualquier tribunal: son los que deben realizar los juicios por corrupción, narcotráfico y de derechos humanos. La primera en protestar fue la camarista-consejera Gabriela Vázquez: ¿Nadie va a decir nada de esto?”, preguntó mientras agitaba una carta enviada por María Gabriela López Iñíguez, una jueza penal porteña que concursó para ascender a un tribunal oral federal y ganó.
En septiembre de 2015, el anterior Gobierno a través de un decreto la designó, igual que otros dos colegas entre las que figura Sabrina Namer y Nicolás Toselli, como jueces federales para los tribunales orales vacantes, pero el tribunal para el cual se postularon todavía no existe pese a que una ley ordenó su creación seis años atrás.
«Lo dicho debe ser puesto en correlación con la sistemática omisión de este Consejo de dar respuesta a mis pedidos, ignorando incluso el reclamo de género que efectué por la evidente discriminación que vengo padeciendo en relación a colegas varones que ya se encuentran desempeñando sus cargos, hecho que reviste gravedad institucional ya que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación», señaló López Iñíguez en la carta que accedió ARG Noticias.
No fue la única carta Namer, hoy una de las responsables de la fiscalía de AMIA – cargo que legó junto a otro dos fiscales luego de la muerte de Alberto Nisman- también envió al Consejo una carta para pedir que se respete el concurso por la cual fue elegida jueza en el fuero federal.
«La mera lectura de nuestros antecedentes laborales, permite advertir que no existe motivo alguno para considerar que poseemos menos experiencia que nuestros colegas para cubrir los cargos para los que concursamos, como así tampoco ningún otro ítem en el que estemos en desventaja con respecto a ellos, más bien todo lo contrario», dice en su misiva.
A pesar de los antecedentes; de haber llegado por quedar primeras en sus respectivos concursos, la Corte Suprema es la que debe ponerlas en funciones pero no puede ya que no hay oficinas para el trabajo de los mismos. En el encargado de buscar los lugares físicos el Consejo de la Magistratura no lo hizo y ya pasaron seis años.
Sin embargo a pedido del Ministro de Justicia de la Nación, el oficialismo avanza en la designación de otros jueces, más cercanos: En lugar de llamar a un nuevo concurso Garavano designó, junto a la comisión de selección del Consejo con mayoría oficialista, a Herminio Canero, quien trabajó con Cabral en el Tribunal Oral Criminal 9 y junto al menemista Julio Nazareno; Enrique Méndez Signori, de la secretaría penal de la Corte; y el tercero era el fiscal Julio Castro, cuya designación no avanzó por una denuncia. En su lugar, quedaron dos nombres: Vanesa Alfaro (secretaria letrada de la unidad AMIA desde la gestión de Alberto Nisman) el fiscal Ariel Yapur, consigna el matutino.
«En todo este derrotero jamás se consultó, se ofreció, se consideró en modo alguno la voluntad o el interés de las dos concursantes femeninas», señaló Namer dejando en claro la posibilidad de que sean apartadas además por ser mujeres.
«Exhortó a este Consejo de la Magistratura para que, de una vez por todas, se doten a los tribunales creados por ley de la infraestructura necesaria para su completa habilitación» dejó en claro López Iñíguez. El exhorto no tuvo respuesta el oficialismo hizo valer su mayoría y no trató el tema: «simple aplicaron el mismo método que tanto criticaban», dejó entrever uno de los consejeros consultados.
