País (23/1/17). El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, sostuvo que el decreto del Ejecutivo que modifica el régimen de riesgos de trabajo (ART) apunta a «cuidar los derechos de los trabajadores y a darle más certeza» a ese sistema. Por su parte, desde la central obrera se apoyó la intención del gobierno de “avanzar rápidamente” en una reforma dada la «inviabilidad» del sistema actual, pero cuestionó que se haya optado por la vía del decreto de necesidad y urgencia. En tanto, el FpV irá a la Justicia para rechazar el DNU de Macri.
El ministro de Trabajo de la Nación defendió la modificación a la ley de ART por decreto. Jorge Triaca señaló que en los últimos años hubo «un crecimiento casi exponencial en la cantidad de litigios a partir de accidentes de trabajo, pero no había crecido la cantidad de accidentes, sino que había bajado». Indicó que eso contribuyó a generar «la famosa industria del juicio, que no beneficia a los trabajadores».
Explicó que los trabajadores «tardan casi tres años en restituir sus derechos a partir de los juicios y había casi 90 días de demora para que les otorguen un turno» en las audiencias de las comisiones médicas.
Dijo que ahora «hemos puesto todos los puntos para que los trabajadores tengan una forma más expeditiva de recibir ayuda».
«Hay casi 4.500 millones de dólares en pasivos contingentes para ser resueltos en estos litigios. Teníamos que dar una solución a este tema y lo hicimos focalizando que cuidemos los derechos de los trabajadores», subrayó el ministro en declaraciones a las radios Mitre y La Red.
«Y, por supuesto, también dar certeza de cobertura de seguro a los empresarios, lo que también era parte del problema, porque había aumentado el promedio de la alícuota que se estaba pagando y eso iba en detrimento de la posibilidad de generar empleo», aseveró.
Destacó que otro punto importante del decreto de necesidad y urgencia que dictó el Gobierno es que «había muchas provincias que no brindaban la cobertura de riesgos de trabajo y les estamos dando un mecanismo para que lo puedan hacer».
Precisó que eso beneficiará «a casi un millón de trabajadores de provincias y municipios que van a poder tener esa cobertura».
El titular de la cartera laboral dijo que el contenido de la disposición ha sido «conversado con los dirigentes de la CGT y estamos todos de acuerdo». Agregó que «por supuesto, la CGT nos reclama que avancemos con una ley de prevención en la que ya estamos trabajando en un borrador» a fin de elaborar una norma más «actualizada».
Cuestionan el DNU
El dirigente de la CGT y secretario gremial del Sindicato del Seguro entendió que «no se dan las condiciones de excepcionalidad para que el Decreto se dé», y se quejó porque, luego de que el proyecto fuera aprobado por el Senado «sin el aval de la CGT», que planteó sus «diferencias y observaciones» en la discusión en comisión, ahora no contarán siquiera con la posibilidad de «corregir en Diputados» lo que entienden «hay que corregir».
No obstante, Sola remarcó que la central sindical sí coincide con el gobierno en que el sistema de riesgos del trabajo, «en estas condiciones y con las últimas modificaciones del último gobierno, no ha tenido la viabilidad que se supone que tiene que tener para sostener el sistema», y puso el acento tanto en la «alta litigiosidad» generada por el sistema, como así también en que «la atención por parte de las ART no es la adecuada».
Así lo hizo en declaraciones formuladas a la radio FM Latina, en las que remarcó que «muchos abogados que se hicieron ricos a expensas de los trabajadores» y sostuvo que, quien «más padece el tema es el trabajador», que «no cobra lo que tiene que cobrar pero tampoco tiene el tratamiento de la enfermedad o del accidente que merece por parte de las prestadoras de riegos del trabajo».
«La ley necesita recuperar su espíritu genuino, que es la centralidad de la atención del trabajador desde el minuto cero en todo el país, no sólo en los lugares más visibles», destacó el secretario de Prensa de la CGT y dirigente del Sindicato del Seguro.
En este punto, advirtió la necesidad de avanzar en el debate de «una norma de prevención, seguridad e higiene para que la cantidad de accidentes y enfermedades laborales sea realmente menor».
El parlamentario reconoció que la medida se pudo haber tratado en sesiones extraordinarias «si tenía apuro el Presidente» y cuestionó la decisión de llevarla a cabo a través de «un método que no es el indicado ni por la Constitución ni por la ley».
«Eso con respecto al origen espurio de la norma. El contenido es regresivo y fue declarado por la Corte como inconstitucional en otras ocasiones», aseguró.
Consideró que la medida «obstaculiza el acceso a la Justicia y altera todo el sistema de competencia, porque lo que hace es soslayar la Justicia nacional de trabajo».
Asimismo, Recalde manifestó que «si alguien está promoviendo la industria del juicio es quien firma el decreto de necesidad y urgencia». «No tenga ninguna duda», respondió el jefe de la bancada opositora cuando fue consultado por radio Metro si llegaba el momento de judicializar el reclamo contra el DNU publicado este lunes en el Boletín Oficial.