Córdoba (31/1/17). “Probablemente no han leído la ley, o no tienen información suficiente y se han instalado conceptos como ciertos que no lo son”, así se pronunciaron desde la bancada oficialista ante las expresiones de Doña Jovita, Raly Barrionuevo y Piñón Fijo, quienes se sumaron a la defensa del bosque nativo.
En este sentido, UPC sostuvo que la nueva ley que se intenta sancionar “no permite ningún tipo de desmonte, ni con hacha, ni con topadora, ni con productos químicos”.
También desmintió que se pretenda avanzar en las zonas rojas con el desmonte. “Estamos yendo mucho más allá de la actual ley, que permite que en las zonas rojas haya intervención productiva. Consideramos que en lo que se defina como zona roja no se puede hacer absolutamente nada”, aclaró el oficialismo.
En cuanto a la discusión por cuantas hectáreas son de bosques, el bloque de la mayoría afirmó que en el actual mapa de ordenamiento territorial “existen zonas consideradas como bosque nativos y no lo son”.
Aunque advirtió por otro lado, que “no se tienen en cuenta otras seiscientas mil hectáreas que tienen mucho más valor y que la ley nacional si exige para el ordenamiento territorial”.
Al sostener que el proyecto de ley “no es una iniciativa del gobierno, ni del bloque de UPC”, sino de un grupo de legisladores peronistas e integrantes de la bancada de la UCR del arco noroeste, UPC remarcó que se busca “elaborar el mapa más racional posible, que implica la prohibición y la intervención en la zona roja y las acciones correspondientes para protegerlas”.
“Estamos convencidos de que no se puede tocar ni un árbol y que no se puede desmontar”, enfatizó el bloque comandado por el schiarettista Carlos Gutiérrez, al tiempo que se indicó que la propuesta resulta “equilibrada”, ya que “está lejos de las pretensiones de las entidades del campo (…) y del fanatismo ambientalista”.
UPC valoró como “muy importante” la participación del Ministerio de Ambiente de la Nación en el debate de la nueva ley de bosque de Córdoba, al hacer notar que “es precisamente la autoridad nacional, quien debe homologar la nueva legislación provincial”.
“Nos parece conveniente, que el ministro y el Presidente se interioricen en el tema y que es muy bueno para Córdoba y para los legisladores”, acentuó la bancada oficialista, quien enfatizó que se busca “consenso y legitimidad” en el trabajo legislativo para la sanción de la nueva norma, que de no darse “no habrá ley”.
