Córdoba (24/5/17). Con el voto positivo del oficialismo y del Interbloque Cambiemos, más el apoyo del vecinalista García Elorrio, la Unicameral aprobó la norma con la cual la Provincia adhiere a la Ley Nacional Nº 27.348, de Riesgos del Trabajo, y la modificación de artículos de Ley 7.987 (Código Procesal del Trabajo). La normativa contó con el respaldo del legislador y titular de la CGT Regional Córdoba, José Pihen. En tanto, el parlamentario Franco Saillén se pronunció por el rechazo de la norma, conforme a la postura adoptada por la CGT Rodríguez Peña. EL FIT también se expresó por la negativa.
Desde el oficialismo sostuvieron que ante la inminente aplicación de la normativa nacional, “se resolvió adherir a la misma con algunos reparos, que buscan proteger a los trabajadores garantizando un adecuado funcionamiento de las Comisiones Médicas, que deberán actuar con celeridad, sencillez y calidad de atención, para procurar una rápida y adecuada reparación de quienes estuvieran afectados por accidentes o enfermedades de índole laboral”.
En diálogo con Agenda 4P, José Pihen (UPC) aclaró que “éstas modificaciones que introduce Córdoba con su ‘adhesión condicionada’ son un paso mejor dentro de este horizonte para los intereses de los trabajadores y por eso lo vamos a acompañar”.
“Nosotros como CGT nos expresamos en contra lisa y llana que proponía le proyecto presentado por el PRO, seguimos pensando lo mismo. Pero entendemos que esta ‘adhesión condicionada’ que Córdoba ha elaborado a través de su propia propuesta, en primer lugar da respuesta a varios de los cuestionamientos por los cuales rechazábamos la adhesión lisa y llana”, sostuvo el representante gremial en la Unicameral.
Asimismo, el parlamentario oficialista sostuvo que “no adherir hoy significa en términos vulgares dejar las cosas como están. Y dejar las cosas como están significa que el trabajador puede ir a la justicia hoy en un trámite en el que primero tiene que pedir la inconstitucionalidad y después recorrer las vicisitudes de un juicio que según los especialistas dura entre 4 y 8 años”.
“Al cabo de los cuales puede que reciba el reconocimiento. Como está redactada la adhesión con la creación de nuevos centros de atención primaria -llamémosle de esa forma- en la provincia de Córdoba, gestionados por la provincia, se abre para los trabajadores un posibilidad mucho más rápida de obtener directamente la compensación que buscan”, remarcó Pihen.
En la vereda del frente
Por su parte, el legislador de Córdoba Podemos e integrante de la conducción gremial de la CGT Rodríguez Peña, Franco Saillén, expresó el rechazo de su bloque a la iniciativa oficialista con duras críticas a los Gobierno provincial y nacional.
Ésta adhesión de Córdoba a la normativa nacional “va en contra de los trabajadores y sólo se beneficia a las ART que claramente a partir de todos estos años y con los dictámenes que salieron de la justicia con la 27.557que fue declarada inconstitucional -la ley menemista- vemos que se inserta nuevamente la posibilidad de flexibilización laboral en este accionar que toma el Gobierno nacional y que siempre tomaron las ART”, cuestionó.
En su discurso, Saillén cargó duro contra los parlamentarios peronistas y de extracción sindical que acompañaron con su voto la ley sancionada. Al respecto, enfatizó: “no puedo creer que en ésta Legislatura haya representantes de los trabajadores y que vayan a levantar la mano. Porque aquí se votó el 18 por ciento para los trabajadores estatales; se votó la 10.333; se votó el blanqueo de capitales, y hoy, el peronismo de Córdoba que se hace llamar peronista va a levantar la mano por una ley de ART”.
Para el representante de la Juventud Sindical Peronista, la ley sancionada por la mayoría del pleno legislativo, “atenta contra la clase trabajadora”. Además la calificó como “una mentira y una vergüenza”.
Saillén atribuyó la aprobación de la norma a los “acuerdos nacionales” del PJ cordobés con un “modelo neoliberal” que encarna la administración macrista que “lo único que está haciendo es condenar al hambre a todos los trabajadores”, fustigó.
“Con algunos dibujos o algunos artilugios del Gobierno de la Provincia se pretenda adherir a una ley que lamentablemente nos va a llevar a la desidia. Que va a llevar a que las ART se sigan enriqueciendo”, concluyó.
Tras la aprobación de la norma, la legisladora Soher El Sukaria (PRO – Cambiemos) celebró que Córdoba “haya sido la primera provincia en adherir al nuevo régimen de protección del trabajo”.
“Nuestro presidente, Mauricio Macri, y el Ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, junto con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, han trabajado para modificar el actual sistema de Riesgos del Trabajo y corregir las inequidades que se producían desde hace años en desmedro de los trabajadores”, opinó la referente macrista cordobesa.
Claves de la norma
La normativa establece que se deberán celebrar convenios entre la Provincia y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo para que las Comisiones Médicas actúen como instancia prejudicial, con una supervisión conjunta, garantizando la adecuada cobertura geográfica de las mismas en todo el ámbito provincial.
“Se elevarán de tres Comisiones Médicas que existen en la actualidad, a diez como mínimo, ya que se deben tomar como referencia para constituirlas, las cabeceras de cada circunscripción judicial existente”, explicó el legislador del bloque UPC, Marcos Farina.
Por otro lado, habrá una participación conjunta de la Superintendencia de Riesgos y el Poder Ejecutivo en la selección de los integrantes de las Comisiones Médicas, con el fin de asegurar la objetividad y profesionalidad en los dictámenes que emitan.
Asimismo, el trabajador participará ante la Comisión Médica con patrocinio letrado y un médico de control. En caso en que el trabajador no esté conforme con el dictamen emitido, puede promover la acción judicial pertinente.
Desde la bancada de la mayoría se aclaró que de llegarse a un acuerdo en las Comisiones Médicas, la homologación de los mismos estará a cargo de dos funcionarios en forma conjunta, uno propuesto por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y otro por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba.
También se garantizan los honorarios para los profesionales que actúen en defensa de los trabajadores, que se determinarán conforme lo establecen las leyes arancelarias, asegurando para los abogados un honorario mínimo del diez por ciento sobre el monto de capital.
En este sentido, se introdujo un plazo de caducidad de cuarenta y cinco días hábiles judiciales para interponer la acción laboral ordinaria, contados desde la notificación de la resolución emanada de la Comisión Médica. Lo que tiene por finalidad asegurar la celeridad en la interposición de demandas, para que los trabajadores obtengan una rápida respuesta a los accidentes o enfermedades laborales que pudieran haber sufrido.
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