Buenos Aires/País (13/7/17). La ministra de Seguridad, expresó que el desalojo de la fábrica PepsiCo se realizó cumpliendo una orden de la Justicia. «Las órdenes judiciales se cumplen, con el menor uso de la violencia posible, y así fue”, acentuó. Por su parte, desde Córdoba, el ministro de Producción sostuvo que el Gobierno no intervendrá en «una decisión que es puramente empresarial» ya que la empresa tomó «una decisión de logística«.
La ministra de seguridad, Patricia Bullrich precisó que el desalojo de Pepsico fue “un procedimiento que llevó la Policía de la provincia de Buenos Aires y lo hizo bajo una orden judicial. Nuestro gobierno tiene como principio volver a la ley, significa que cuando un juez da la orden de un desalojo hay que cumplirlo. Y lo hicieron con todos los protocolos de seguridad”.
“Evidentemente -agregó- hubo hechos de violencia, hay varios policías heridos de la provincia de Buenos Aires, algunos con huesos rotos, por las cosas que tiraron. Nosotros buscamos que las cosas se hagan en paz y no vamos a aceptar de ninguna manera la violencia”.
“El gobierno de la provincia de Buenos Aires a partir de una orden judicial hizo lo que había que hacer: actuar, dejar de elegir qué orden se cumple y cual no se cumple como se hacía antes. Las órdenes judiciales se cumplen, con el menor uso de la violencia posible y así fue”, destacó la ministra de Seguridad.
Decisión empresarial
Desde Córdoba, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, también se pronunció sobre la situación del desalojo en PepsiCo. En rueda de prensa, el funcionario señaló que el caso es «particular», porque es «una empresa que está en la Argentina, que sigue invirtiendo y que es una decisión técnica la que están tomando».
Al respecto, Cabrera argumentó que «es una decisión de mejora de productividad», por ello aclaró: «estan llevando la planta de papa a donde se producen papas. Por lo tanto, en Mar del Plata es una buena noticia, en Buenos Aires es una mala noticia. El dolor es para las familias que han sido despedidas, aún cuando han sido indemnizadas y muy bien tratadas».
Por último, descartó la posibilidad de que el Gobierno intervenga, ya que esto es «en una decisión que es puramente empresarial y que no tiene que ver con la salud de la empresa, y con que se hayan tomado decisiones que la perjudiquen, es una decisión de logística». (Télam y Redacción)
