Santa Fe (6/11/17). Así lo afirmó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, quien encabezó a fines de la semana pasada la presentación de la comisión y las subcomisiones que trabajarán en el anteproyecto del nuevo Código Procesal Civil y Comercial.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, encabezó las actividades y expresó que “creemos en el diálogo entre todos los actores vinculados al quehacer judicial y con los otros poderes para mejorar el proceso civil de nuestra provincia, no solo la norma sino también las prácticas”.
“El gobernador Miguel Lifschitz tomó la decisión en su momento y nos instruyó para modernizar el Poder Judicial y avanzar en colocarlo en el siglo XXI. En ese sentido, hemos mandado proyectos que la Legislatura está trabajando como el Código de Juzgamiento de las Faltas y el de Justicia Penal Juvenil, un retoque al Código Procesal Penal y, a la brevedad, enviaremos un proyecto de nuevo Código Procesal Laboral”, detalló Silberstein.
Además, agregó que “hoy empezamos quizás el más ambicioso: el del Código Procesal Civil y Comercial que regula cómo se tramitan los conflictos de una persona desde la concepción hasta que muere: toda la vida de las personas está regulada por este código y por eso tiene mucho impacto aunque quizás en los medios llame más atención el proceso penal”.
Silberstein recordó que “en 50 años no pudo ser modificado cada vez que se intentó hacerlo, pero requiere una actualización porque actualmente algunos procesos demoran 10, 15 o 20 años en resolverse”. En ese sentido, expresó que “hay un principio general que dice que una Justicia tardía no es Justicia, entonces aparece un cuestionamiento al sistema porque no se les da una respuesta adecuada a los conflictos”.
“Debemos pensar en trabajar de otra manera porque este sistema fue concebido para una sociedad que tenía pocos juicios mientras que la sociedad actual reclama derechos y va al Poder Judicial para que se cumplan los derechos incorporados a la Constitución Nacional desde 1994; eso implica una mayor judicialización”, analizó el funcionario.
Del mismo modo, Silberstein afirmó que, ante este panorama, jueces, secretarios, funcionarios, empleados y abogados están obligados a trabajar y a pensar el Poder Judicial de otra manera. “Desde el gobierno de la provincia no creemos que esto se pueda solucionar confrontando, sino a través del diálogo, por eso trabajamos en conjunto con otros poderes del Estado y con actores sociales relacionados con el quehacer judicial, desde la Corte y los Colegios de magistrados y abogados, al sindicato de judiciales y los procuradores, senadores y diputados. Hay que escuchar a todos para tener el mejor Código”.
“En Brasil, al igual que en Alemania, han conseguido reducir los tiempos de los procesos: por ejemplo resuelven un juicio laboral en un año cuando aquí demoramos cuatro o cinco; es una herramienta. Otra puede ser el modo de organizarse internamente. Hoy al juez le insume dos horas por día firmar el despacho cuando hay secretarios que lo pueden hacer; éste es un detalle de organización de la estructura que le daría mas tiempo al juez para dedicarse a cuestiones importantes”, completó Silberstein, quien mencionó que otras maneras de optimizar el sistema podrían ser la oralidad, la simplificación de la liquidación y el pago de sellados y tasas, y el modelo informático aplicado a las nuevas prácticas.
La reforma del Código Procesal Civil y Comercial se realiza en el marco de otras reformas judiciales que el Poder Ejecutivo impulsa para modernizar el Poder Judicial, como la de los Códigos de Faltas, Procesal Penal, de la Justicia Penal Juvenil y Procesal Laboral (iniciativas giradas a la Legislatura, excepto la última que será enviada en el corto plazo).
Comisión redactora
El gobernador Miguel Lifschitz creó por decreto una comisión técnica para planificar reformas al Código Procesal Civil y Comercial, integrada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos junto a representantes de los tres poderes del Estado e instituciones relacionadas al servicio de justicia, quienes sugerirán especialistas en la materia. A fines de agosto, Lifschitz y Silberstein presentaron la comisión que ahora ya ha sido nutrida de integrantes por las distintas instituciones e incluso se han incorporado otras entidades y expertos que solicitaron ser parte y colaborar en esta tarea.
El régimen procesal civil y comercial es muy amplio en cuanto a las regulaciones que establece en relación a la vida cotidiana de las personas, desde el derecho de familia, sucesorio y del consumidor hasta conflictos entre vecinos, de la propiedad horizontal y accidentes, pasando por el incumplimiento de contratos y las ejecuciones de cheques y pagarés.
La tarea de la comisión redactora y de las subcomisiones habilitadas para analizar temas específicos y/o plantear aspectos normativos y de implementación, culminará con la elaboración de un anteproyecto de ley. El objetivo es la búsqueda de procedimientos que optimicen el servicio de justicia y solucionen los conflictos de la ciudadanía de forma ágil y eficiente.
Expediente digital
En la oportunidad, el magistrado de la Sala Laboral Nº 1 del Tribunal Superior Federal del Estado de Minas Gerais, Brasil, José Eduardo de Resende Chaves Júnior, compartió su experiencia en el uso del expediente digital con los integrantes de las comisiones en las ciudades de Santa Fe y Rosario y con el público en general, en una charla abierta y gratuita que brindó en la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.
La actividad fue organizada por esta unidad académica y por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a propuesta del Colegio de Abogados de Santa Fe, con la participación del Colegio de Abogados de Rosario y la colaboración de la presidencia de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario.
Las jornadas se llevaron a cabo el jueves en el salón de actos de la Corte Suprema en Rosario, el viernes en la sede del Colegio de Abogados de Santa Fe por la mañana y en la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario por la tarde.
Chaves Júnior es doctor en derechos fundamentales (Universidad Carlos III de Madrid) y profesor de los cursos de posgrado en Derecho de Trabajo y Derecho Procesal Electrónico de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais. Además, coordina el grupo de investigación sobre e-justicia de la Escuela Judicial del Tribunal Superior Federal del Estado de Minas Gerais, entre otros antecedentes.