País (8/11/17). En sesión especial de este miércoles solicitada por la bancada oficialista, la Cámara de Diputados tratará el proyecto de ley que penaliza la corrupción empresaria, con el que cual la Argentina cumplirá con el requisito de la OCDE.
La Cámara baja del Congreso se apresta a convertir en ley este miércoles, el proyecto que penaliza la corrupción empresaria -con los cambios incorporados por el Senado- luego de que el oficialismo consiguiera, con el justicialismo y el massismo, firmar el dictamen respectivo en un plenario de comisiones del cuerpo.
De esta manera, la Argentina cumplirá con el requisito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que pidió la sanción de una norma que apunte a la arista empresaria de la corrupción.
Cabe recordar que actualmente el Código Penal contempla penas para personas físicas, pero no para personas jurídicas, con lo cual una empresa involucrada en un hecho de corrupción puede seguir operando sin consecuencia alguna.
La decisión de avalar el proyecto aprobado por el Senado fue adoptada en una reunión de las comisiones de Legislación Penal y de Legislación General, que se realizó en la tarde de este martes en el edificio Anexo C de la Cámara baja.
La titular de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos, explicó que las modificaciones extienden el objeto de la ley a los delitos de cohecho y tráfico de influencias; negociaciones incompatibles con la función pública; enriquecimiento ilícito y realización de balances falsos en empresas.
Según Burgos, el Senado “mejoró la redacción del texto” y eliminó la denominada “cláusula Odebrecht”, que había generado un acalorado debate en el recinto de Diputados el pasado 29 de junio.
Por su parte, el diputado Daniel Lipovetzky, presidente de Legislación General, dijo que se trata de una ley “revolucionaria en materia penal” y recordó que es “un compromiso internacional” del país ante la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).
Desde el bloque Unidos por una Nueva Argentina, Juan Brügge puso reparos al texto venido del Senado y explicó que su bancada apoyaría el dictamen en disidencia parcial.
“Nos parece un retroceso la eliminación de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, ya que tiene una base constitucional”, dijo Brügge. El proyecto aprobado en la Cámara baja establecía la imprescriptibilidad de los delitos, pero el Senado lo disminuyó a un plazo de seis años.
Brügge también mostró sus diferencias respecto al cálculo de las sanciones a las empresas comprometidas en actividades ilícitas en base a la “ganancia obtenida indebidamente”.
En tanto, el Frente para la Victoria, en nombre del diputado Luis Rodolfo Tailhade, adelantó que no acompañaría el dictamen y definirá su postura antes de la sesión de mañana.
Tailhade especificó que el artículo 9 del texto “deja abierta una válvula de escape para la impunidad encubierta”, en relación a que la empresa puede eximirse de la pena en caso de detectar el delito.
Desde el Frente de Izquierda, el diputado Pablo López criticó el proyecto al calificarlo como “un salvoconducto de las empresas para zafar de sus responsabilidades” y adelantó que su bancada firmaría un dictamen de rechazo de la iniciativa.
