País (9/11/17). Así se pronunció Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción (AO), quien sostuvo que esta ley “es un gran avance», tras su aprobación en la Cámara baja.
La Cámara de Diputados de la Nación convirtió ayer en ley el proyecto de Responsabilidad Penal Empresaria, que tiene como objetivo penalizar a aquellas personas jurídicas que cometan delitos de corrupción.
Con esta legislación, la Argentina se pondrá a la altura de otros países de la región y el mundo, como Chile, Brasil, Colombia, México, Estados Unidos, España y Francia.
Además, cumplirá con los compromisos internacionales asumidos al ratificar la Convención contra el Soborno Transnacional de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), ya que era el único de los 41 países firmantes que no contaba con esta norma.
La titular de la Oficina Anticorrupción (AO), sostuvo que esta ley “es un gran avance, ya que hablar de transparencia e integridad tienen que ver con cambiar la reputación”, y agregó que esta iniciativa “no sólo penaliza la corrupción, sino que introduce buenas prácticas”.
Hasta el momento, el sistema jurídico argentino solo preveía que las personas físicas puedan ser sancionadas o penadas por cometer delitos de corrupción.
El objetivo del régimen sancionado por la Cámara de Diputados es luchar contra la corrupción a través de la generación de incentivos (sanciones y mitigación de ellas por tener normas de integridad) para que las personas jurídicas implementen programas de integridad, y cooperen con las autoridades.
También se prevé la posibilidad de realizar acuerdos de colaboración con las personas jurídicas a cambio de información y así poder identificar a las personas físicas que cometieron los delitos, tanto del sector privado como del sector público.
Además, la ley aumenta las penas por delitos de corrupción y permite que la justicia argentina juzgue delitos cometidos por empresas argentinas en el exterior.
A partir de esta iniciativa, la OA establecerá guías y lineamientos para regular los programas de integridad en el sector privado e implementar la obligación de los proveedores del estado a tener estos programas de lucha contra la corrupción.
La sanción de esta ley, cuyo proyecto fue mencionado por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en la apertura del 135° período de sesiones ordinarias de este año, había sido enviado al Congreso en octubre de 2016.
