País (13/11/17). Treinta y nueve organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta pública a los candidatos a la Defensoría del Pueblo de la Nación, Humberto Roggero, Jorge Emilio Sarghini y Alejandro Amor, en la cual sostuvieron que el procedimiento no cumplió con los estándares mínimos de transparencia y participación ciudadana requeridos internacionalmente en la materia.
Destacaron que el rol trascendental que le reconoce la Constitución al Defensor del Pueblo exige que el titular sea una persona con idoneidad técnica y moral, independencia y proactividad en la defensa de derechos.
En este sentido, manifestaron que para ello, es necesario establecer «un procedimiento participativo, abierto y transparente» que permita evaluar los antecedentes de los candidatos y aportar información relevante previo a la toma de decisiones sobre la designación.
Ante la omisión de la Comisión Bicameral de selección de regular un procedimiento de esas caracteristicas, las organizaciones consideraron en la misiva que «ello no debería ser óbice para su implementación», ya que la necesidad del mismo «se funda en el derecho de la ciudadanía de peticionar a las autoridades y de participar en la vida política, y tiene especial sentido por sus efectos positivos respecto a la calidad e imparcialidad de la decisión final».
Asimismo, afirmaron que la decisión de la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo «no respeta los estándares internacionales en materia de designación de miembros de instituciones de defensa de los derechos», plasmados en los Principios de París aprobados por la Asamblea General de la ONU y en las recomendaciones del Instituto Internacional de Ombudsman.
Por último, advirtieron a través de la carta que si los candidatos aceptaran ser designados de este modo, estarían convalidando que decisiones políticas relevantes «se adopten sin escucha a la ciudadanía, y que con ello, traicionarían desde antes de asumir el mandato que pretenden ejercer».
