Córdoba (15/11/17). A instancia de la legisladora Liliana Montero y sus pares del bloque Córdoba Ciudadana, la Unicameral aprobó una iniciativa de declaración por el cual se expresa la «preocupación» por el proyecto de decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental (Nº 26.657).
La preocupación está centrada en que este proyecto de Reglamentación del Ejecutivo nacional va en contra del espíritu de la Ley 26.657, afirmaron los parlamentarios de la bancada opositora.
En ese sentido, Montero hizo un repaso por los puntos más preocupantes del mencionado proyecto que es considerado un modelo contrario a la ley vigente por entidades académicas, profesionales y de la sociedad civil a nivel país.
En los fundamentos de la declaración aprobada este miércoles en la sesión especial en Río Cuarto, se advierte que la reglamentación modifica la concepción de la salud mental como un proceso multideterminado por componentes históricos, socio económico, cultural, biológico y psicológico, y reinstala el modelo médico hegemónico de perspectiva biologicista que resultó insuficiente para un tratamiento integral de los padecimientos mentales.
Reinstala el manicomio bajo el nombre de “hospitales especializados en psiquiatría y salud mental” y admite el aislamiento pleno de personas a quienes vuelve a considerar “enfermos” como un tratamiento regido por el “arte médico”. Al tiempo reinstala el concepto de peligrosidad ya que permite una evaluación basada en riesgos potenciales.
Lesiona y desnaturaliza el derecho a una defensa técnica de las personas usuarias, y establece que los abogados defensores deben ponderar la opinión del equipo tratante para no inmiscuirse en el esquema terapéutico, circunstancia que desoye la voz y los intereses de la persona usuaria. Además, establece que el juez designará al defensor oficial impidiendo la actuación de oficio de acuerdo a la ley del Ministerio Público de la Defensa.
Reinstala la lógica del modelo tutelar de sustitución de la voluntad, al reconocer expresamente que una persona puede ser declarada completamente incapaz en franca contradicción con las disposiciones del reciente Código Civil y Comercial de la Nación y normas de superior jerarquía.
Quita de la competencia del Ministerio Público de la Defensa la designación de la máxima autoridad del Órgano de Revisión de la Ley y se la adjudica al Ministerio de Salud de la Nación. De esta forma la Autoridad de Aplicación de la ley será quien designe al responsable de ejercer las funciones de control sobre sí misma. A su vez, impone una nueva conformación plenaria que desequilibra la pluralidad de sectores y favorece mayorías médico hegemónicas.
Sumado a estos puntos, los autores del proyecto manifestaron que “la Ley Nacional de Salud Mental fue un avance clave para el reconocimiento de las personas con padecimiento mental como sujetos de derecho y para la sustitución del manicomio por tratamientos dignos. El proyecto de decreto reglamentario es, a todas luces, un retroceso gravísimo en el respeto de los derechos humanos de este grupo de personas”.
“Este proyecto de decreto resulta una norma increíblemente injusta con quienes sufren, desconsiderada de quienes los asisten y acompañan y, por sobre todas las cosas, un atentado contra los derechos de humanos», consideraron los legisladores de Córdoba Podemos en los argumentos de la iniciativa impulsada.
