País (16/11/17). La cúpula de la CGT respaldó el acuerdo que lograron con la administración central. En ese sentido se pronunció Héctor Daer, quien afirmó que «el Gobierno accedió a nuestros reclamos».
«Después que hace dos semanas nos sorprendiéramos con un proyecto al cual cuestionamos severamente, porque creíamos que había cosas que afectaban los derechos de los trabajadores, encontramos un camino que para nosotros deja en pie los derechos fundamentales de los trabajadores», expresó el integrante del triunvirato que conduce la central obrera.
Entre los temas que se acordaron, Daer señaló que «están el establecimiento de un mecanismo para que unos 900 mil trabajadores que están en relación de dependencia y no están formalizados tengan un camino para que sus empleadores los blanqueen y les reconozcan sus derechos».
Otro de los aspectos de los que habló el líder síndical es de la tercerización. «Primero que nada, no se rompió la solidaridad en caso de incumplimiento. Además se sumó un dato importante: nadie puede subcontratar sus tareas por debajo de los costos», afirmó.
«Acá mientras el tercero cumpla con el convenio colectivo de trabajo, con el pago de las cargas sociales y el cumplimiento de las normas, el tercero es el responsable», acentuó.
En declaraciones a Radio Mitre, Daer manifestó que a los empresarios que blanquean «se les quitan todas las deudas para atrás. Además hay un reconocimiento de los derechos individuales de los trabajadores a partir de la fecha real de ingreso y se les reconoce hasta cinco años. Esto tiene que ver con una cuestión para que no exista fraude».
En el encuentro ambas partes limaron asperezas en torno a los dos puntos clave del proyecto de reforma laboral: la creación de dos nuevas categorías laborales y la limitación de la responsabilidad solidaria en las tercerizaciones.
Por su parte, el Ejecutivo dio marcha atrás en ítems puntuales, como el que igualaba los derechos y las obligaciones del empleador y del empleado y la exclusión de las horas extras y comisiones del cálculo de las indemnizaciones.
Con el acuerdo, el Gobierno incluirá en la legislación laboral al «trabajador autónomo económicamente dependiente» que preste servicios personales hasta en un 80% de sus ingresos anuales.
Las negociaciones determinaron que un profesional que preste servicios por hasta 22 horas semanales podría considerarse automáticamente en relación de dependencia. Sobre esto se acordó que una comisión mixta integrada por funcionarios, gremios y empresarios definiría en 90 días qué profesiones abarcaría.
