Córdoba (1/12/17). De esta manera se pronunció el legislador Juan Pablo Quinteros (Frente Cívico) ante la presentación de un proyecto de resolución por el cual se insta a los órganos del Estado, en todos sus niveles, a que se evite la toma de imágenes que cuya difusión pueda afectar la «vida privada y familiar de las personas».
El parlamentario del Interbloque Cambiemos basó su iniciativa ante los reiterado casos donde mediante el uso de redes sociales se “viralizan” imágenes tomadas en procedimientos en los que han intervenido agentes públicos de distintos organismos.
Al respecto, hizo alusión a casos como la muerte del Fiscal de la Nación Alberto Nisman, o el hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado, sólo por mencionar los más resonantes y de mayor transcendencia nacional.
«Así podemos enumerar gran cantidad de acontecimientos de intromisión ilegítima a la intimidad de las personas, pero el más cercano en el tiempo, acaecido en nuestra Provincia, donde una mujer fuera detenida y puesta a disposición de la Justicia por ‘seccionar los genitales a su amante’ -según las fuentes periodísticas- es otra causa que, sin tener la repercusión institucional de los antes mencionados, debe ser observado con preocupación atento a la ‘inmediata’ difusión de imágenes», expresó Quinteros en los fundamentos de su iniciativa parlamentaria.
El legislador del Frente Cívico impulsa ante sus pares de la Unicameral la aprobación del proyecto que «insta a los órganos del Estado, en todos sus niveles, para que, en los procedimientos que lleven a cabo en el cometido de sus tareas, el personal interviniente evite la toma de imágenes que luego puedan ser hechas públicas, y cuya difusión puedan afectar la honra, la reputación, la vida privada y familiar de las personas, con excepción de aquellas que oficialmente se deban realizar».
Sobre la presentación efectuada, el juecista puntualizó: «En los últimos días hemos asistido en Córdoba a un auténtico «festival del morbo». La proliferación de imágenes en torno a un lamentable y sangriento hecho acaecido en nuestra ciudad, dejaron, una vez más, expuestas cuestiones que deben ser atendidas con premura y responsabilidad».
«No basta con intentar explicar que es ‘imposible parar el fenómeno de las redes sociales’, ya que, sin dudas, esta cuestión excede a nuestra pretensión en este proyecto», advirtió.
En ese plano, Quinteros afirmó que «lo que se intenta es diseñar una política tendiente a impedir que sean agentes públicos, que por sus funciones tienen acceso a los lugares donde ocurren los hechos en razón a la asistencia de las víctimas, a la aprehensión de personas o a la búsqueda y recolección de pruebas, o a la simple custodia de los espacios, entre otras, sean quienes tomen y difundan imágenes con las consecuencias de las que luego todos somos partícipes y testigos».
«Debemos comprender que más allá de la existencia de un hecho ilícito, nuestra Construcción Nacional resguarda las ‘acciones privadas de los hombres’, entendiendo con tal precepto que hay cuestiones que tenemos la obligación como Estado preservar y garantizar», concluyó.
