Córdoba/País (3/12/17). Más allá de advertir que las «fallas y las debilidades de gestión son muy visibles y es natural tender a asociarlas con la profunda crisis en que cayeron las fuerzas armadas luego del último golpe militar«, Idesa hizo foco en el presupuesto del año próximo asignado a la Armada Argentina.
Del monto total que implican unos $21 mil millones, el 88% será destinado al pago de salarios; un 10% se asignará a la compra de insumos; y sólo un 2% se aplicará a inversiones de los cuales sólo la mitad será en maquinaria y equipos.
A partir de estos datos que dan cuenta que la Armada opera como una institución concentrada en pagar salarios, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino señaló que el presupuesto asignado a inversiones «es muy limitado y el componente destinado a maquinaria y equipos, que es el más asociado a la modernización tecnológica, es marginal (del orden del 1% del presupuesto)».
«Bajo estas condiciones, contrarias a una fuerza militar moderna -por ejemplo, en Estados Unidos los salarios absorben sólo un tercio del gasto militar-, las limitaciones y debilidades presentes en la gestión logística y militar no deberían sorprender», añadió.
Aunque el centro de estudios aclaró que «lamentablemente está situación no es excepcional sino la regla dentro del sector público argentino».
La magnitud de las dotaciones de personal y los niveles remuneratorios superiores al sector privado en puestos y calificaciones similares, hacen que los organismos públicos terminan asignando la mayor parte de sus presupuestos a gasto salarial.
«La contrapartida es la escasez de recursos para la compra de insumos y la postergación de inversiones», acentuó.
Para Idesa, una organización tan concentrada en sus empleados, «al extremo de descuidar insumos e inversión», no puede ofrecer servicios de calidad. También sostuvo que «la situación no se resuelve aumentando el presupuesto.
En tono más político, la entidad se refirió al caso del submarino ARA San Juan, afirmando que «no es una situación excepcional sino un caso extremo y visible de los daños que diariamente genera el mal funcionamiento del Estado».
«Muchas más y anónimas son las victimas que sufren las consecuencias de un sector público capturado por los intereses sectoriales». concluyó.
