País (29/12/17). El juez Sergio Torres denegó este viernes la excarcelación de César Arakaki, militante del Partido Obrero, a raíz de su participación en la marcha del pasado 18 de diciembre, cuando 300.000 personas se movilizaron contra la reforma previsional. Cabe mencionar que Arakaki y Lucas Sauret fueron detenidos por orden de la Justicia a raíz de que aparecen en muchas imágenes agrediendo a un policía de la Ciudad caído en el piso.
Desde la fuerza política de Izquierda se dijo que apenas trascendió que podría ser citado, hace ya una semana atrás, Arakaki se puso a disposición de la Justicia. Del mismo modo, y cuando en la tarde de ayer se difundió su orden de captura, Arakaki se presentó voluntariamente al juzgado acompañado de sus abogados.
A pesar de esta conducta, que obliga a descartar cualquier peligro de fuga, y de que no se ha podido demostrar agresión alguna a policías, le han dictado la prisión preventiva y ordenado su traslado a un penal común. El otro detenido en la tarde de ayer, Lucas Sauret fue liberado, cuando verificaron que ni siquiera había participado de la marcha del 18 por encontrarse trabajando. «Semejante error habla a las claras de la torpeza y arbitrariedad con la cual se están armando las causas a los manifestantes del lunes 18», cuestionó el Partido Obrero (PO).
Dicha fuerza política señaló que «la liberación no eximió a Sauret de soportar, en la noche en que permaneció detenido, intimidaciones verbales por parte de personal policial. En el caso de Arakaki, el juez Torres no ha asegurado que su detención tenga lugar en condiciones seguras y adecuadas para quien es detenido por razones políticas».
En esa línea, denunció que en la jornada de este viernes, mientras estaba detenido en la unidad 29 de Comodoro Py, «soportó amenazas y agresiones verbales por parte de presos comunes. Ni qué decir que una detención en un pabellón de esas características, sea en Ezeiza, Devoto o Marcos Paz, pondría en peligro la vida y la integridad física de Arakaki».
Para el PO, resulta «brutal y manifiesto» el «ensañamiento político y judicial» contra un militante que, en definitiva, ejerció «su derecho» a permanecer manifestando contra el saqueo jubilatorio. «Quieren intimidar a toda la población trabajadora que se pronunció y luchó contra la reforma previsional, y que ahora debe librar una lucha aún más intensa contra la reforma laboral. Este enseñamiento contrasta, por otra parte, con la mora en investigar la participación y brutales acciones represivas de miembros de la policía en la marcha del 18», se enfatizó.
La doctora Claudia Ferrero, abogada de Arakaki, presentó un escrito al juez Torres reclamando por las condiciones de detención de su defendido. Al respecto, el Partido Obrero hizo responsable al juez Torres, a la ministra Patricia Bullrich y al servicio penitenciario «por la vida e integridad de Arakaki, al tiempo que reclamamos su inmediata libertad».
