País (23/3/18). El camarista Jorge Ballestero está en la mira de la Corte Suprema de Justicia. Su voto resolvió la excarcelación del empresario kirchnerista. En una carta que mandó al Consejo de la Magistratura, el juez se defendió.
Ballestero explicó que la Sala estaba constituida hace un tiempo con Leopoldo Bruglia, pero que ante la falta de un tercer juez para desempatar opiniones opuestas, incorporó a Farah sin sorteo ya que había sido sorteado en otra causa conexa.
«Farah venía estudiando el asunto desde unos días antes pues, como se consigna en el mismo despacho del 15 de marzo, la disidencia entre los miembros de esta Sala se había generado en el marco del Acuerdo que sucedió al desarrollo de las audiencias celebradas el 8 de febrero. De tal forma, el Dr. Farah emitió su voto conformando la mayoría reclamada legalmente para decidir la cuestión suscitada», expresó Ballestero, en el texto publicado por Clarín.
Así, defendió el mecanismo usado para definir la situación de López, tras el requerimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cursado a través del Consejo de la Magistratura, el órgano del Poder Judicial encargado de seleccionar y sancionar a los magistrados.
El Máximo Tribunal ordenó a la Magistratura que investigue la forma en la que se conformó la sala de la Cámara Federal que liberó al empresario Cristóbal López y si existió «alguna irregularidad en esa conformación».
Ese pedido surgió luego de que la diputada Elisa Carrió exigiera en una carta al organismo judicial que se investigara a Ballestero. La legisladora recordó, en un texto al que accedió TN.com.ar, que luego de la intervención del magistrado en diferentes causas durante los ’90, ella lo había cuestionado por «la compra de un dúplex en la Avenida Figueroa Alcorta mediante un crédito simulado».
Carrió solicitó que «se realicen las investigaciones necesarias a fin de establecer la posibilidad de que» la decisión de Ballestero de beneficiar la situación judicial de López «pudiera haber estado influido por razones iguales a las advertidas» en los ’90 y que «podrían estar vinculadas con intereses económicos del magistrado».