Córdoba (29/3/18). En la sesión de este miércoles, el oficialismo rechazó debatir un proyecto impulsado por el Interbloque Cambiemos, por el cual declaraba “su más enérgico rechazo a la medida arbitraria política y discriminativa«, sostenida por el Gobierno de Schiaretti a través de las resoluciones del Ersep que abrieron paso a las críticas de intendentes opositores y de los representantes de cooperativas eléctricas del interior provincial.
Con la resoluciones 10 y 12 del Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP), según el reclamo de Cambiemos, se apuntó a «excluir y limitar» a los municipios del cobro de la tasa de alumbrado de la facturación eléctrica provincial y del cobro del servicio de agua respectivamente.
La iniciativa del legislador Miguel Nicolás gira en torno a las recientes resoluciones del Ente regulador, que prohibieron a los intendentes cobrar junto a las facturas de luz o de agua tasas adicionales a las que son necesarias para cubrir los costos del alumbrado público.
Al respecto, el parlamentario radical recordó en su discurso ante el pleno legislativo que el gobernador Juan Schiaretti dijo en declaraciones públicas en el marco de este conflicto, que incluye a municipios no oficialistas como así también a los de UPC, que su gobierno jamás se va a pelear con nadie y que tampoco entrará en riña con nadie y que no responderá a provocaciones… simplemente va a aplicar la ley».
Al salir al cruce de las afirmaciones del Gobernador por este asunto, el integrante de la bancada de Cambiemos advirtió: «Nos pueden dar cátedra o clase de cómo ha peleado UPC. Desde que asumieron el gobierno provincial se pelearon con (Germán) Kammerath (Germán), (Luis) Juez, (Daniel) Giacomino, (Fernando) De la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y ahora últimamente creo que se están peleando hasta De la Sota y Schiaretti”.
Hace dos días, con motivo de la presentación de este proyecto en la Unicameral, Nicolás había señalado que el Gobierno excluye y limita a los municipios del cobro de la tasa de alumbrado de la facturación eléctrica y del cobro del servicio de agua, “pero mantiene el cobro del impuesto provincial de Ingresos Brutos (IIBB), sosteniendo el falaz concepto de facturar de manera independiente a cualquier otro rubro que resulte ajeno o no asociado a su estricta provisión, con el objetivo de desfinanciar y asfixiar económicamente de manera clara y directa a la mayoría de los municipios que prestan dicho servicio”.