Córdoba (5/4/18). Así lo confirmó la bancada oficialista al votar este miércoles una preferencia de siete días para tratar en el recinto de sesiones los dos proyectos vinculados a la reforma electoral que impulsan las principales espadas de Unión por Córdoba, Oscar González y Carlos Gutiérrez, con aval del Centro Cívico.
En diálogo con Agenda 4P, el titular del bloque de Unión por Córdoba, reafirmó la posición del oficialismo de avanzar en la aprobación de las iniciativas el próximo miércoles. Ante la crítica opositora -en primer término- acerca del escaso tiempo de tratamiento de los proyectos, Gutiérrez argumentó que el financiamiento de campañas electorales es un tema que viene siendo abordado en distintas instancias desde hace unos años, incluso con la presencia de expertos.
En cuanto al proyecto de doble candidatura que ya generó el rechazo de la dirigencia de Cambiemos, por entender que UPC busca atomizar el voto opositor, la espada schiarettista replicó ese planteo y advirtió que la iniciativa fue presentada en diciembre del año pasado.
Cabe señalar que el proyecto de doble candidatura estipula que los candidatos a gobernador y vice también podrá ser quienes encabecen el tramo de legisladores por distrito único. Desde el oficialismo advierten que este sistema se aplica en la ciudad de Córdoba desde 1995 en el caso de intendente y primer concejal.
«No entendemos que quien prové esos argumentos (rechazo de radicales, macristas y juecistas a este proyecto) practica esto mismo en la mayoría de los municipios, empezando por Córdoba Capital. Cómo puede ser que en esos lugares donde Cambiemos lo practica sea bueno y exactamente lo mismo a nivel provincial sea malo«.
De esta manera, el dirigente del riñón schiarettista salió al cruce de las duras críticas de dirigentes de la coalición opositora cordobesa que manifestaron que con esta jugada política, UPC busca retener el poder de la Provincia en las elecciones de 2019.
En este sentido, Gutiérrez redobló su defensa del proyecto que cuenta con aval de El Panal: «Todos estos argumentos (de la oposición) no mencionan lo que si constituye el fuerte de esta decisión y que tiene que ver con el fortalecimiento del sistema democrático«.
El parlamentario se refirió al caso concreto de la ciudad de Córdoba. La presencia de ediles que «han sido candidatos a intendentes y, precisamente por la doble candidatura, hoy ejercen el rol de concejales, estoy convencido -creo que la sociedad también lo valora así- de que lejos de perjudicar el nivel de la democracia de la ciudad, lo mejora», aseguró.
Financiamiento
El financiamiento de campañas electorales de los partidos políticos implica una reforma a la ley 9.571, el Código Electoral Provincial. Con este proyecto, Unión por Córdoba apuesta al financiamiento público de la etapa proselitista de las agrupaciones que decidan participar en los comicios de 2019. Aunque cabe mencionar que se mantiene el acceso al financiamiento privado.
Con la sanción de esta ley que la bancada oficialista buscará aprobar la semana próxima -es muy probable que reciba el acompañamiento de las principales bloques de la oposición- el Estado provincial destinará entre 90 y 100 millones de pesos que irán a un Fondo que será destinado a la contratación de espacios publicitarios en los medios cordobeses (radio, TV y diarios).
El Fondo Permanente para el Financiamiento de Campañas Electorales, conformado por los recursos que aporte el Estado para la propaganda política de todos los partidos que participen en la elección provincial, será administrado por la Justicia Electoral, quien contratará los espacios en los medios y luego distribuirá de forma proporcional como lo fija la norma a las agrupaciones políticas.
Ante la consulta de este medio digital, Gutiérrez consideró que el principal rechazo que hace la ciudadanía es cuando las campañas electorales «no responde a la realidad». Al respecto, argumentó: «es decir, no hay un sinceramiento» por parte del sistema político.
«La gente tiene claro que el sistema democrático tiene su costo para mantenerlo. Y que las campañas políticas sobre todo ahora que tienen nuevos componentes comunicacionales como las redes cuestan dinero. En todo caso el aporte del Estado tiene que ser un aporte lógico en materia de costos. Pero a su vez dejar abierto sin hipocresías, pero con absoluta transparencia, el aporte que las fuerzas políticas puedan tener en otra materia (sector privado)», subrayó.
La Voz publicó el sábado pasado, cuáles son los 10 puntos centrales del proyecto.
Financiamiento público. Destinado a la contratación de espacios publicitarios en los medios de comunicación de la Provincia: radios, TV y diarios.
Fondo de financiamiento de campaña. Será conformado por los recursos que aporte el Estado para la propaganda política de todos los partidos que participen en la elección provincial.
Rol de la justicia electoral. Será la encargada de contratar los espacios publicitarios en los distintos medios, que luego asignará de acuerdo a lo que prevé la norma a los partidos y alianzas para la campaña electoral.
Distribución de espacios. 30 por ciento en forma igualitaria para todos los partidos y alianzas. Y el 70 por ciento restante en forma directamente proporcional a la cantidad de votos obtenidos por cada fuerza política en las elecciones provinciales anteriores.
Financiamiento privado. Se especifican los distintos aportantes y los topes para cada caso (personas y empresas). Los candidatos también podrán aportar de su propio patrimonio por un monto que no supere el 1 por ciento del total permitido para la campaña.
Prohibiciones. Entre las restricciones en materia de aportes, los partidos no podrán recibir contribuciones de personas anónimas ni de empresas contratistas de servicios u obras públicas nacionales, provinciales o municipales. Tampoco de personas humanas o jurídicas que exploten juego de azar.
Publicidad a través de internet. Los partidos y alianzas podrán destinar recursos propios para sus campañas de posicionamiento de candidatos, dentro de los límites totales de gastos autorizados en la norma.
Gastos electorales. Las agrupaciones políticas no pueden superar, individualmente y para gastos electorales, la suma equivalente al 7 por mil del salario mínimo, vital y móvil para gastos electorales por elector habilitado a votar en los comicios.
Publicidad oficial. Queda prohibida su realización durante los últimos 30 días anteriores a la fecha prevista para una elección.
Clientelismo político. Se prohibe expresamente el facilitar o distribuir gratuitamente bienes o servicios de carácter social provistos por el Estado Nacional o Provincial, con el objeto de promocionar a un partido.
Responsable de campaña. Con experiencia profesional en el ámbito contable.
