Córdoba (25/4/18). La Fiscalía de Estado y la Procuración del Tesoro, pidieron al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que ratifique lo actuado por la administración schiarettista en relación a la distribución de fondos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos. Cabe recordar que el Gobierno provincial rechazó el planteo de los intendentes de Cambiemos por fondos que no se coparticipan.
El Gobierno Córdoba, a través del fiscal de Estado, Jorge Córdoba, con el patrocinio del Procurador del Tesoro, Pablo Reyna, solicitó este miércoles al TSJ que ratifique lo dispuesto en el decreto 569/2018 del Ejecutivo provincial del 20 de abril, en relación a la distribución de fondos coparticipables.
Mediante esta resolución, la Provincia rechazó el reclamo formulado por los presidentes de los Foros de Intendentes de Cambiemos, Ramón Mestre (Foro Radical) y Oscar Tamis (Comupro), en una disputa que promete nuevos capítulos ya que el jefe comunal capitalino afirmó hace unos días que «si Schiaretti va a la Justicia, nosotros también».
Este miércoles, la administración provincial ingresó al TSJ la acción judicial pertinente que solicita la habilitación de la competencia para que el máximo tribunal ratifique lo dispuesto en el decreto aludido, sobre la correcta interpretación del Consenso Fiscal, aprobado por Ley Nacional 27.429 y Provincial 10.510.
De esta manera, «la Provincia procura despejar, así, el riesgo de cualquier acción extrajudicial o judicial futura, sobre una cuestión que para el Poder Ejecutivo se presenta ajustada a derecho», se señaló.
En este sentido, Fiscalía de Estado sostiene que el propio texto del acuerdo intrafederal firmado, expresamente dispone que dichos fondos no son coparticipables para Municipios y Comunas, sino recursos afectados a programas sociales de administración provincial exclusiva, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 75 inc. 2° de la Constitución Nacional.
El Gobierno incluyó en sus argumentos, la resolución dictada por la Comisión Federal de Impuestos (CFI) -la semana pasada- que especifica que los recursos no son coparticipables con los municipios y comunas.
