Fuero Anticorrupción: el juecista Quinteros lo calificó como «un costoso archivador de denuncias de corrupción»

Córdoba (9/5/18). El legislador Juan Pablo Quinteros expresó que “en el año 2017, el gobierno de Córdoba gastó, solamente en personal, la suma de 39 millones de pesos, para el funcionamiento de un órgano que se convirtió  en un costoso archivador de denuncias de corrupción».

El parlamentario opositor hizo un análisis desde la puesta en marcha de dicho Fuero, en 2004, «en gasto de personal -desde Juez y Fiscales hasta el cargo de menor escalafón (meritorio)- el monto erogado en tal carácter fue de 15.112.866 de dólares, lo que actualmente equivale a unos 355 millones de pesos”, precisó.

“Esos más de 15 millones de dólares invertidos por Unión por Córdoba  para que no se investiguen sus actos de corrupción, nos costaron el equivalente a 17.000 salarios docentes o 24.000 salarios de residentes del Polo Sanitario»,cuestionó.

En ese sentido, Quinteros destacó que «el monto adquiere dimensión con sólo mencionar que el Fuero Anticorrupción se llevó para su funcionamiento, y solo teniendo en cuenta el gasto en personal, el equivalente al pago de 19 años de los salarios de quienes serán los futuros médicos de la provincia».

En el marco de un nuevo impulso del triunvirato parlamentario (Aurelio Garcìa Elorrio, Liliana Montero, Juan Pablo Quinteros)  para eliminar este Fuero tan cuestionado por el arco opositor, el juecista enfatizó que resulta «inadmisible seguir manteniendo un fuero especial que garantiza la impunidad del poder político provincial».

«Entendemos que con sus paupérrimos resultados y la obscenidad de su costo ha llegado el momento de proceder a su pulverización», remarcó el legislador, al tiempo que manifestó que insistirán «las veces que sea necesario, para que en la provincia deje de funcionar la «Agencia Córdoba Justicia».

Por último, el integrante del Frente Cívico en Cambiemos demandó que «las causas penales que deriven de actos presuntos de corrupción de funcionarios públicos deben ser investigadas por cualquier fiscal de instrucción que deberá intervenir por sorteo electrónico».