Córdoba (13/5/18). El oficialismo en la Unicameral tiene previsto avanzar este miércoles con la aprobación del proyecto de ley enviado por el gobernador Juan Schiaretti, por el cual, se dispone eliminar en las facturas de los servicios públicos todos aquellos conceptos que no tengan que ver con el servicio público prestado.
El legislador del Frente Cívico en Cambiemos, Juan Pablo Quinteros, salió al cruce de la avanzada de Unión por Córdoba al reclamar «transparencia tarifaria» en todos los servicios. «Cualquier proyecto de ley que se quiera debatir debería traer aparejado el concepto de ‘transparencia tarifaria’ en todos de los servicios».
El juecista resaltó que eso implica «quitar todo ítem ‘contaminante’ en las facturas de todos los servicios públicos» y afirmó que resulta «inadmisible que exista un ‘cargo’ de casi el 15% para Obras de Infraestructura o para obras ya realizadas como en el caso de EPEC y un cargo fijo del 18% para ‘medidores’ en el caso de la prestación de Aguas Cordobesas que pagan todos los usuarios tengan o no tengan medidor».
En ese sentido, el parlamentario opositor enfatizó que si el Gobierno de Unión por Córdoba «quiere mostrar alguna coherencia, lo que en 19 años no ha abundado, deberían comenzar por la eliminación de estos verdaderos ‘tributos a la ineficiencia’ que denotan claramente que la ‘carga’ siempre recae en el usuario, ya que estamos en presencia de un gobierno provincial absolutamente ineficaz, en el mejor de los casos, o cómplice de las empresas concesionarias de servicios públicos”.
Con el proyecto oficialista que aprobará la bancada de la mayoría, según advirtió Quinteros, «la factura de EPEC no va a tener disminución sustancial, ya que sólo se verá afectada por una parte del impuesto municipal que se recauda para alumbrado público y semaforización (OIM). Lo que requerimos en numerosas ocasiones respecto a EPEC es que se debían quitar los ‘cargos para obras’ que ya se encuentran finalizadas».
En el caso de la tarifa del servicio de agua, el legislador de Cambiemos, sostuvo que «solo se bajará y transparentará la misma si se lleva a cabo la renegociación del Contrato de Concesión como venimos solicitando hace meses».
«Según el actual contrato, no se cobra el agua consumida, sino un impuesto a la vivienda, ya que el cálculo para pagar el suministro de agua se efectúa con una fórmula por la cantidad de metros del terreno y los metros cubiertos declarados del inmueble y aunque el mismo no cuente ni siquiera con una canilla se le cobra un consumo de 25 m3», señaló.
Al respecto, el juecista cuestionó: «Ese ruinoso contrato que renegoció UPC acordó que la tarifa no incluye ningún tipo de obra que mejore el servicio, por ello se adiciona un cargo tarifario del 18% para colocación de medidores. Además de que el usuario debe pagar cada 7 años la renovación del medidor, sin siquiera solicitarlo. Esta situación lo torna absolutamente ‘leonino’ para el usuario que queda en franca indefensión ante la empresa privada y todo con el ‘aval explícito’ del Gobierno».