Córdoba (1/6/18). Desde muy temprano, las fuerzas de seguridad iniciaron el operativo conforme a la orden judicial de desalojar el predio ocupado por las famillias carecientes.
Según se dijo oficialmente, se les dio a los ocupantes unas horas para abandonar el predio para luego hacer efectivo el desalojo. Pasadas las 10 de la mañana, las topadoras ingresaron al predio y desmontaron las viviendas precarias. Hasta el mediodía de este viernes, las máquinas continuaban desmantelando las casillas montadas en lugar.
Durante el operativo policial, ordenado por la Justicia, ya que el juicio arrojó que ese predio es privado (su propietaria es Urbanor SA) y sus moradores son «usurpadores», hubo incidentes y algunos choques entre manifestantes que resistieron el procedimiento. En lo que va del año, hubo tres intentos de desalojos que fueron suspendidos; éste si se llevo a cabo.
Hasta el momento se conoce que hay dos detenidos por «resistencia a la autoridad» y otros fueron liberados en el mismo predio. Durante las primeras horas del día, vecinos del lugar quemaron sus casillas en señal de protesta y así enviar el mensaje a las autoridades de que ahí vive gente, se escuchó decir. Incluso un vecino se arrojó combustible y amenazó con prenderse fuego para resistir el desalojo.
Quienes ocupan el predio sostienen que son 140 familias las que viven allí, esto también es manifestado por legisladores del arco opositor, mientras la intendenta de Estación Juárez Celman, Miriam Prunotto y autoridades provinciales expresan que son pocas las familias y el resto son moradores circunstanciales que sólo conservan una porción de terreno, pero sin habitar el barrio comunitario que dieron en llamar Parque Esperanza.
El ministro de Desarrollo Social, Sergio Hugo Tocalli, señaló que desde el Gobierno están atendiendo la situación de la gente. «En 2014 se hablaba de 297 familias (…) y ahora relevamos unos 90 habitáculos. A unas 40 familias ya les dimos respuesta», declaró a radio Mitre.
El martes, la Justicia provincial puso freno al desalojo de los vecinos que ocupaban el predio. Pero este viernes, se aplicó la orden que venían siendo postergada en varias oportunidades.
El operativo del gobierno fue bárbaro e ilegal. La desesperación por garantizar los negociados de Urbanor los llevó incluso a pegarnos a los legisladores que nos acercamos para impedir las arbitrariedades pic.twitter.com/weq7VzpzKM
— Eduardo Salas (@eduardopsalas) 1 de junio de 2018
Desde la Cooperativa 12 de Junio que representa a los vecinos de Parque Esperanza rechazaron el desalojo por «ilegal» y volvieron a reclamar por la «emergencia habitacional» de las familias. También repudiaron «al brutal represión que está aconteciendo ahora mismo a espaldas del pueblo».
Asimismo, responsabilizaron por «toda esta violencia a la intendenta Prunotto, el gobernador Schairetti y el juez de la causa Guerrero Marín».
Rechazo opositor
La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba emitió un comunicado, repudiando la represión en el sector. En el lugar, se hicieron presentes legisladores provinciales para evitar el desalojo y seguir buscando otro tipo de solución. Obviamente, no lograron detener la medida dispuesta por la Justicia.
Entre los parlamentarios que intentaron mediar ante la tensión producida por la situación, se pudo ver a Martín Fresneda y Carmén Nebreda del bloque Córdoba Podemos; Eduardo Salas y Ezequiel Peressini del Frente de Izquierda; y la legisladora oficialista de extracción sindical, Ilda Bustos.
La mayoría de los legisladores presentes en el predio había reclamado al oficialismo -en la sesión del miércoles- una solución política y no judicial para las familias de Parque Esperanza, justamente para evitar el violento desalojo (Ver nota. Parque Esperanza: la oposición le pidió al oficialismo una “solución política” y no judicial).
Ante las declaraciones del ministro Tocalli, el legislador Martín Fresneda rebatió sus dichos. “Él sabe muy bien que la gente presentó el listado definitivo, son 140 familias, y lo escuché decir que la gente no quería otro terreno. Es mentira: le imploramos que en vez de $ 43.000 que le quieren dar le consigan otro terreno para que la gente se haga su casa y la vaya pagando”, manifestó el parlamentario kirchnerista a la prensa.
Por su parte, el legislador Eduardo Salas (FIT) se expresó de la siguiente manera:
#Córdoba @eduardopsalas se refirió al #DesalojoJuarezCelman pic.twitter.com/BDbDB4l2Hf
— Agenda 4P (@4PAgenda) 1 de junio de 2018
