Córdoba (20/6/18). Legisladores de distintas bancadas opositoras le reclamaron a la obra social de la Provincia por esta situación. El bloque de Izquierda afirmó que por falta de prestaciones cada 60 horas se presenta un amparo contra la Apross. Desde la entidad, se indicó que es baja la incidencia de la litigiosidad.
Fue en el marco de la reunión de la comisión de Salud de la Unicameral que preside el legislador Daniel Passerini, en la cual asistieron integrantes del directorio y funcionarios de la Apross para dar respuestas a los diversos pedidos de informes.
Los parlamentarios de la oposición desplegaron una batería de preguntas a los representantes de la Administración Provincial de Seguro de Salud. El hecho de que la Apross no se rija por la ley nacional de obras sociales fue uno de los temas que los opositores demandaron explicaciones.
También se focalizaron en los amparos por falta de cobertura; el sistema de auditorías; los coseguros; la cobertura de discapacidades; la concesión del Hospital Ferreyra, entre otros asuntos.
«El Apross no es una obra social, es una administración que recauda más de 600 millones de pesos mensuales con el aporte de 600 mil afiliados y parte de sus salarios, pero que no garantiza la salud de los trabajadores», cuestionó el legislador Ezequiel Peressini (IS-FIT).
«Es por eso que cada 60 horas se presenta un amparo para obligar al Apross a garantizar la cobertura de salud», advirtió el opositor, al tiem?o que criticó que «el Estado Provincial esconde su responsabilidad de que Apross no se rija por la Ley Nacional de Obras Sociales».
La legisladora Liliana Montero también acentuó su reclamo ante la negativa de la Apross en otorgar determinadas prestaciones a sus afiliados, bajo el argumento de que «no es una obra social».
«La Apross dice no estar alcanzada» por la reglamentación que «sí le compete hasta al más ínfimo prestador de salud que es el Programa Médico Obligatorio», señaló Montero. No obstante, dejó planteada sus diferencias al respecto, en base a la norma que establece su creación.
Asimismo, legisladores de distintas bancadas solicitaron información en detalle acerca del sistema de auditorías que tiene la Apross por el cual se destinan cifras importantes de recursos que se pagan.
En cuanto a este último punto, el vocal abogado del Directorio de la Apross, Gustavo Aliaga, manifestó que por licitación tienen contrato con la empresa Midoc Health.
«Se hizo un proceso de licitación, que se le adjudicó a esta firma y mensualmente se hacen controles de auditorías externas, para saber cuál es el comportamiento prestacional de todos nuestros prestadores, que son más de 7.000 en la Provincia», indicó.
Acerca del costo de la auditoría, Aliaga precisó que «asciende a 2.500.000 pesos por mes, que se le paga a la firma y eso está dentro del proceso de licitación y de adjudicación a la firma, que fue pública».
En este plano, aseguró que a partir de las actas que realiza la auditoría externa, se toman «decisiones administrativas» que se aplican a las prestadoras que son objeto de denuncias de los afiliados.
Por otra parte, aclaró que la auditoría interna se vincula al área de prestaciones médicas. Se realizan para saber «si corresponde o no determinada prestación o determinado medicamento para cierta patología», acentuó.
Sobre el marco normativo que regula el accionar de la entidad, en relación al no cumplimiento de determinadas prestaciones, el vocal del Directorio aseveró que «la decisión de que Apross no esté incluida dentro del ámbito de las obras sociales no es de los funcionarios que llevan adelante el Apross, sino que es de una normativa vigente que así lo impone».
Aliaga calificó de un número «muy bajo» en cuanto a litigiosidad. Destacó que «Apross tiene 610 mil afiliados y el año pasado tuvimos 143 acciones de amparo en toda la Provincia», lo que representa «el 0,02 por ciento de la masa de afiliados de Apross», añadió.
En materia de coseguros, afirmó que se aumentan los porcentajes, «siguiendo los mismos valores que la inflación, con lo cual no hay ningún incremento desmedido y es una herramienta para la regulación de la prestación».
Ante el dato del 0,02 por ciento suministrado por Aliaga que hace referencia a la baja la incidencia de la litigiosidad, el legislador Peressini planteó hacer otro análisis.
«Si realmente vemos el índice de los amparos presentados sobre los usuarios activos o pacientes con padecimientos de salud, eso se eleva muchísimo», apuntó.