País (5/7/18). La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles la Ley de Arbitraje Comercial Internacional. Desde el Gobierno se dijo que dicha norma brinda seguridad jurídica para las inversiones extranjeras.
La nueva norma dota al país de un marco legal para la cooperación y resolución de conflictos comerciales internacionales, controlando todas las etapas del proceso arbitral y en consonancia con los principios mundiales de esta práctica.
“La aprobación de la ley de arbitraje es un hito fundamental en el fortalecimiento de la institucionalidad, la previsibilidad y solución de controversias rápidamente y con un bajo costo. Esto contribuye decididamente al progreso de la sociedad y al desarrollo económico y social”, explicó el ministro de Justicia, Germán Garavano.
Se recurre al arbitraje internacional cuando las empresas han agotado sus posibilidades de negociación respecto a una disputa comercial. Este modelo de resolución de conflictos funciona de manera sencilla, confiable, flexible, rápida e implica menores costos que los tribunales de Justicia.
La Argentina, hasta ahora, no contaba con una normativa de este tipo, y la legislación contenida en el Código Civil y Comercial de la Nación y en los códigos procesales, estaba pensada para arbitrajes locales, lo que no satisfacía las expectativas en el ámbito internacional, que requiere reglas específicas y en línea con otras partes del mundo.
Esta ley de arbitraje internacional ya rige en Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, México, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Costa Rica, Panamá, e incluso España.
El marco normativo aprobado tiene como base a la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.
En Programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia se impulsó reuniones con todos los sectores involucrados, para reflexionar sobre la mejor incorporación de esta ley en el derecho argentino. A partir de estos aportes se consensuó la redacción del proyecto de ley, que tuvo media sanción en el Senado en septiembre de 2017, y que alcanzó ayer la sanción definitiva en Diputados.
