País (4/7/18). La Cámara baja del Congreso aprobó este miércoles por unanimidad la denominada «Ley Justina», de donación de órganos. También convirtió en ley el régimen de reparación económica para hijos e hijas de víctimas de violencia de género.
Tras obtener 202 votos afirmativos, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó por unanimidad la nueva Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, conocida como “Ley Justina”.
La iniciativa dispone que todas las personas mayores de edad pasen a ser donantes, a menos que dejen constancia expresa de lo contrario. El texto había obtenido media sanción en el Senado el 30 de mayo, Día del Donante de órganos.
La norma, elaborada en conjunto con el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), lleva el nombre en honor a Justina Lo Cane, la niña de 12 años que falleció en noviembre pasado mientras esperaba un corazón para ser trasplantada.
El proyecto aprobado modifica la actual ley, introduciendo una serie de cambios con los que se busca dar respuesta a las personas que actualmente se encuentran en lista de espera para un trasplante de órganos o tejidos.
Además de incorporar principios bioéticos que protegen a los donantes y los receptores, la iniciativa promueve la autosuficiencia del sistema. Prevé la donación cruzada (entre dos parejas de donante/receptor no relacionadas, pero compatibles) para los trasplantes de riñón sin intervención judicial y obliga a los profesionales a notificar al INCUCAI la indicación de diálisis o trasplante renal.
El texto promueve la incorporación en los centros de salud de profesionales entrenados en la promoción de la donación y la detección de potenciales donantes.
«Ley Brisa»
Diputados también sancionó este miércoles por unanimidad la “ley Brisa”, por la cual se crea el régimen de reparación económica para hijos e hijas de víctimas de violencia de género.
La diputada Alejandra Martínez (UCR) fue la encargada de explicar los alcances del proyecto. “El femicidio pone en evidencia la violencia de género más estructural que ocurre en nuestro país. Además de las víctimas directas, están las víctimas colaterales. Es el momento en que más necesitan del Estado”, dijo.
“Ponemos el nombre de un caso emblemático, el de Brisa, pero es una situación que se repite de a cientos en el país. Es una ley impulsada por familiares y por el gran empuje que le dio ‘La Casa del Encuentro’”, narró Martínez, titular de la comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.
Brisa tiene 5 años y su padre está condenado por haber matado a su madre en 2014. Vive en la localidad bonaerense de Moreno con sus hermanos mellizos, sus tres primos y sus tíos. Su dolorosa historia fue tomada por la asociación civil La Casa el Encuentro para reclamar e impulsar la ley aprobada este miércoles.
Según la iniciativa, para hacer efectiva la reparación económica, las personas que administren la prestación deben acreditar ante la autoridad de aplicación tener a su cargo a la niña, niño o adolescente. En el supuesto de personas con discapacidad sin límite de edad, deberán presentar el certificado único de discapacidad emitido por autoridad competente.
La reparación económica establecida en la presente ley debe ser abonada por el Estado Nacional mensualmente, por un valor equivalente a un haber jubilatorio mínimo y se la considera de atención integral compatible con las asignaciones familiares.
Además, dispone la cobertura integral de salud la cual debe cubrir todas las necesidades de atención de su salud física y psíquica, garantizar en forma prioritaria la atención integral y cumplir un seguimiento y control por parte del Ejecutivo.
