País (18/7/18). En un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, Amnistía Internacional llamó al Estado argentino «a cumplir con su obligación de llegar a la verdad y condenar a los responsables del ataque terrorista que dejó 85 muertos y cientos de heridos».
La organización internacional planteó, tal como lo ha hecho en reiteradas oportunidades, la urgente necesidad de aplicar el decreto 812 de 2005, aún pendiente. «Nuestro país, a nivel nacional e internacional, se comprometió a garantizar la investigación del atentado y sancionar a los culpables; fortalecer la Unidad Fiscal Especial AMIA; profundizar el proceso de relevamiento de archivos; crear una unidad especializada en catástrofes; promover la sanción de una ley de reparación para todas las víctimas del atentado, entre otros ejes», advirtió Amnistía.
Actualmente se lleva adelante el juicio oral para sancionar el encubrimiento a la investigación del ataque. Se espera que este proceso llegue a su fin en los próximos meses, sin embargo son varias las preocupaciones advertidas al respecto.
Los familiares de víctimas del atentado han expresado su preocupación durante los alegatos sobre la decisión del Ministerio de Justicia de apartar a los abogados que estaban a cargo de la querella estatal y que se los haya reemplazado por el abogado José Console quién solicitó la absolución de los ex fiscales Eamón Mullen y José Barbaccia. Finalmente, Console fue apartado.
Esta decisión se suma a la disolución de la Unidad AMIA por parte del Ministerio de Justicia y a la dificultad de las víctimas y familiares de poder acceder a la documentación involucrada en la causa. «Es preciso que se garantice la integridad de la documentación desclasificada, se proteja la transparencia en los protocolos de trabajo y se garantice el acceso de las querellas a los archivos para contribuir así a descubrir la verdad sobre lo sucedido», afirmó la organización internacional.
El año pasado se presentó un nuevo proyecto de ley que propone modificar el código procesal penal para incorporar los juicios en ausencia de los acusados. Amnistía Internacional ve con preocupación este posible cambio normativo.
En ese sentido, argumentó que «el juzgamiento en ausencia no es compatible con el debido proceso garantizado en la Constitución argentina, ni con las garantías procesales establecidas en el derecho internacional».
«El objetivo de un proceso penal es determinar objetivamente la culpabilidad o inocencia de personas acusadas de delito, y la carga de demostrar la culpabilidad reside en la acusación. El acusado debe estar presente. Si se incumple alguno de estos requisitos, la fiabilidad de la sentencia quedará siempre en entredicho y no se entenderá que se ha hecho justicia«, expresó Amnistía Internacional.
