País (20/7/18). A seis meses de que comience el ciclo electoral de 2019, Poder Ciudadano y CIPPEC requirieron una reforma legal del financiamiento de las campañas y los partidos políticos.
A medio año de dar inicio a un nuevo ciclo electoral, desde las organizaciones de la Sociedad Civil demandaron una reforma legal que «limite el abuso de los recursos públicos, aliente la declaración del dinero que usan partidos y campañas, y comprometa a las provincias con reglas y controles consistentes con el régimen nacional».
Para una reforma de la ley de financiamiento, Poder Ciudadano y CIPPEC proponen cuatro medidas prioritarias:
1) Hacer que el dinero sea trazable. Hay que prohibir los aportes en efectivo y mediante depósito bancario para que sólo puedan realizarse por medios trazables. También hay que permitir la devolución de los aportes que los partidos y alianzas detecten como sospechosos.
2) Regular la publicidad oficial. Hay que regular la publicidad oficial para que no pueda usarse nunca de manera partidista y para que no pueda emitirse ni distribuirse durante el período formal de la campaña.
3) Controlar durante la campaña. Las agrupaciones deben informar ingresos y gastos en el momento en que los reciben y los hacen y que esa información se publique durante la campaña.
4) Comprometer a las provincias. Hay que disponer que las provincias que celebren sus elecciones en forma simultánea a las nacionales deban adherir al régimen de financiamiento del nivel nacional. Además, las provincias tienen que hacer su parte: las elecciones provinciales y municipales también requieren dinero y las agrupaciones no pueden quedar al margen de la obligación de rendir cuentas.
Al fundamentar la necesidad de una reforma legal del financiamiento de la política, las organizaciones de la Sociedad Civil hicieron mención a que luego de cada elección «se produce un nuevo escándalo relacionado con el financiamiento de las campañas».
«Falsos aportantes, donaciones encubiertas de empresas y discrepancias entre los gastos que se declaran y las acciones que se despliegan, son todos síntomas de un patrón generalizado y persistente», resaltaron.
Asimismo, advirtieron que «la forma en que se financia la política partidaria y electoral es uno de los principales desafíos que enfrenta la democracia argentina».