Ciudad de Córdoba (25/7/18). Desde el bloque Vamos presentaron una denuncia penal contra el intendente capitalino, al entender que la firma VEGA-Caputo debió haber sido rechazada como ofertante para prestar servicio de higiene urbana en la ciudad, debido a que ha recibido condenas y procesamientos penales en Brasil.
La presentación penal lleva la firma del abogado Pablo Olmos, quien se desempeña en el Tribunal de Cuentas Municipal en la vocalía por la minoría que está en manos del espacio que conduce Tomás Méndez.
En su denuncia, Olmos describe los hechos señalando que el 30 de mayo de este año, mediante el decreto 1537, el intendente Ramón Mestre adjudicó la concesión de la zona 2 de recolección de residuos al consorcio conformado por las empresas Vega y Caputo. Esta última se halla estrechamente vinculada al presidente Mauricio Macri, a través de la persona que él mismo definió como su “hermano del alma”, Nicolás Caputo.
En tanto la empresa Vega es una corporación brasilera, que en ese país está siendo investigada por delitos económicos y ambientales. Incluso en algunas de esas causas se ha llegado a condenas en un proceso de “improbidad administrativa”, según reza la denuncia, por un fraude en el pesaje de la basura en la ciudad de Alegrete, en Río Grande do Sul. Pero además está acreditado que el propietario y representante de la firma Solvi Participacôes, Carlos Leal Villa, que a su vez es accionista de Vega, también había recibido una condena.
Todos estos datos -insiste la presentación penal, la cual se hace eco de las objeciones planteadas por la local Cotreco- fueron omitidos al momento de la presentación de la propuesta en la licitación, lo que para el denunciante constituye un “falseamiento de datos”, lo cual debería haber derivado en un inmediato rechazo de la oferta con pérdida de la garantía por parte del intendente, cosa que Mestre no hizo.
De hecho, en la declaración jurada presentada por el consorcio encabezado por Vega Engenharia Ambiental, dice expresamente que “no tiene pleitos relacionados con contratos ejecutados en los últimos dos años”, afirmación cuya falsedad quedó probada en diversos procesos penales que se sustancian en el vecino país, por el accionar de las firmas Solvi Participacôes, Revita Engeharia y Vega Valorizacao de Residuos s.a., investigadas en la Vara Criminal de Tercera Nominación, Secretaría Penal de Marituba, Estado de Pará, Brasil.
Todas esas causas, omitidas deliberadamente por la firma al momento de presentarse a licitar en Córdoba, fueron iniciadas por denuncia del Ministerio Público de ese estado brasilero, “por daños al medio ambiente y al patrimonio genético”, siendo además procesados por delitos “referentes a la polución de recursos hídricos”, según lo denunciado por la Delegación Especializada en Medio Ambiente en cuatro diferentes procesos.
Contratación prohibida
“Tal como debiera haber sucedido en Córdoba y que el intendente Mestre decidió pasar por alto, todas estas empresas tienen por vía cautelar prohibición de contratar con la administración pública” en Brasil, consignó a su turno Eduardo García, asesor del bloque VAMOS y ex director de la empresa estatal Crese, la misma que fuera privatizada por Mestre a poco de asumir su primer mandato.
“El intendente tiene perfectamente claro que la administración municipal está imposibilitada de contratar con empresas que hayan sido condenadas y procesadas por cualquier clase de penas por delitos de falsedad, estafa o contra la propiedad”, dijo García, citando la ordenanza de Administración y Contabilidad Nº 5727, y la ordenanza Nº11653. “Que haya decidido pasar por alto esta cuestión hace incurrir al intendente Mestre en una situación de abuso de autoridad”, fundamentó.
