Córdoba (5/8/18). Columna de opinión: Juan Pablo Quinteros. Legislador Provincial Frente Cívico (Interbloque Cambiemos).
El inicio
Desde la función como Vocal de Directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos -ERSeP- investigamos, durante poco más de un año, los hechos relacionados con la construcción de la Central de Ciclo Combinado de Pilar y su complejo entramado de actos de corrupción que el día 2 de Julio de 2013, con la firma del por entonces Senador Nacional Luis Juez, se transformó en la primer y única denuncia penal conocida en este sentido y que se formuló ante Fiscalía Federal Número Uno de la Ciudad de Córdoba, para que se investigue la conducta de los señores. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA, ex gobernador de la Provincia; JUAN SCHIARETTI actual gobernador de la Provincia; DIEGO BOSSIO ex funcionario de la ANSES; DANIEL BONETTO, ex presidente de la EPEC, JULIO DE VIDO, ex Ministro de Planificación Federal de la Nación, como así también la participación en los ilícitos de los directivos de la empresa ELECTROINGENIERÍA, OSVALDO ACOSTA Y GERARDO FERREYRA.
Consideramos que había existido la imposición de un negocio ruinoso para la Empresa Provincial de Energía y la Provincia de Córdoba, con conductas delictivas desplegadas desde el inicio de la contratación, la financiación y los daños producidos a la Empresa, a la Provincia y a los habitantes de la provincia, en lo que consideramos constituía una asociación ilícita, por lo que se solicitó que todos los mencionados sean llamados a prestar declaración indagatoria.
El fraude
Lo que en principio se acordó con Nación para la repotenciación de la central termoeléctrica “Gobernador Arturo Zanichelli” de Pilar se transformó, posteriormente en la construcción de una nueva Central en Pilar, al lado de la ya existente.
En un primer acuerdo el proyecto de repotenciación y modernización sería pagado en conjunto por la Nación, la Provincia y la EPEC, mientras que el proyecto final de construcción de la nueva Central el pago también se “transformó” y quedó bajo responsabilidad exclusiva de la EPEC con el costo total cargado a su balance.
Según declaraciones públicas de funcionarios intervinientes y distintas publicaciones periodísticas el costo inicial de la inversión a llevar adelante era de U$S 300 millones, coincidiendo esta cifra con el préstamo otorgado el 19/12/2008 por Anses, que en solo 13 meses, ante el incumplimiento de pago por parte de la Provincia y la EPEC en la forma pactada, se “transformó” en un endeudamiento de la EPEC de U$S 565 millones, que se cubriría mediante la emisión de títulos de deuda “TDEC” que fueron adquiridos en su totalidad por Anses. La tasa de interés se fijó en 12,5% anual en dólares, una tasa «usuraria» según luego sería calificada por el propio gobierno de Córdoba. La deuda consignada en dólares, junto a la elevada tasa de interés y el plazo de 8 años fijado para la devolución de la misma, elevó la deuda inicial a la friolera de U$S 1.130 millones. Si bien la cuota pactada es fija en dólares (96 cuotas mensuales y consecutivas), por U$S 10.198.000, la deuda está, y sigue en la actualidad, consignada en pesos en el balance de la EPEC.
El contrato de operación y mantenimiento (OYM)
Esta situación de endeudamiento extremo se ve agravada por el pago que la EPEC debe hacer a la empresa adjudicataria de la licitación, ELECTROINGENIERÍA, por “el Contrato para la Operación y el Mantenimiento (OyM)” de la Central Bicentenario (Pilar), que en este caso significan U$S 30 millones anuales durante 8 años, lo que eleva el costo final de la obra, en U$S 240 millones más.
El costo total de la obra está cargada al balance de la EPEC como responsabilidad exclusiva de la misma; pero la imposibilidad de pago de la empresa, determinó que la Provincia, por haber sido garante del acuerdo a través de la coparticipación federal de impuestos (lo que fuera aprobado y autorizado por una ley provincial), asuma el 50% de cada cuota cediendo parte de los ingresos que le correspondan por coparticipación, pero esto en concepto de “préstamo” a la EPEC, quien después de cancelar el préstamo con Anses deberá continuar pagando hasta cancelar el préstamo con la Provincia por la “ayuda” que ésta le otorga. La afectación de la coparticipación se vio subsanada, cuando el Gobierno Nacional de Mauricio Macri en el año 2016, modificó de manera sustancial el precio del «contrato de abastecimiento» pudiendo la EPEC hacer frente a esta erogación sin que la provincia acudiera, mes a mes, en su auxilio.
¿Y la licitación pública?
No existió Licitación Pública convocada para la construcción de la Central Bicentenario ni instrumento legal que la ordenara.
La única Licitación Pública Internacional fue la Nº 3556 del año 2007 originada en el “ACTA ACUERDO PARA LA REPOTENCIACION Y MODERNIZACION DEL PARQUE DE GENERACION DE EPEC” firmada el 24 de agosto de 2006 entre el Ministerio de Planificación Federal, la Provincia de Córdoba y E.P.E.C para: “…Repotenciar la Central Pilar en la localidad de Pilar, y Modernizar el parque generador de la Central Sudoeste en la ciudad de Córdoba”. Este proyecto inicial fue modificado, y la repotenciación de la Central Gobernador Arturo Zanichelli quedó en su estado original con una potencia de 210MVA, para llevar adelante la construcción de una “nueva” Central de ciclo combinado con equipamiento provisto por Siemens.
Sin embargo, a pesar de cambiar el proyecto original, no se hizo un nuevo llamado a licitación, se continuó adelante con la licitación Nº 3556 y así se adjudicó la obra a la UTE Electroingeniería-Sener Ing. el 21/01/2008.
La obra se inició sin una estructura de financiamiento que asegurara su construcción, y todas las negociaciones para la obtención del mismo fueron ruinosas para las finanzas de la EPEC, esto es lo que se desprende de la lectura de cada Acta Acuerdo y Addenda firmadas. De la lectura de estas, se desprende que en ningún momento las sumas comprometidas tanto por el Ministerio de Planificación Federal, la Provincia de Córdoba y la EPEC llegan al monto de U$S 300 millones, ni siquiera cuando se adjudicó la licitación para la construcción de la Central. Son evidentes también los esfuerzos y la preocupación de los funcionarios nacionales por hacerse de “papeles” que los “cubrieran” en una operación que aparecía en ese momento de dudoso cobro: sucesivas negociaciones, reconocimientos de deuda, incumplimiento de pago, nuevos plazos, etc.
El camino a la impunidad
Pese a la gravedad de la denuncia, la profusa prueba compilada y la claridad de los hechos fijados, la Justicia Federal de Córdoba en una interpretación forzada, resolvió su «incompetencia» para intervenir e investigar la denuncia formulada.
En la denuncia se atacaba la violación, por parte de funcionarios nacionales de la ley 24.241, en lo referido al «Criterio General. Inversiones permitidas» de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), en tanto no se habían observado los lineamientos que establece la normativa respecto a los criterios de seguridad y rentabilidad en el préstamo originario otorgado a EPEC para la construcción de la Central Bicentenario de Ciclo Combinado de Pilar, como asimismo no se observó lo requerido en el Decreto 2103/2008 que prescribía: “…se requerirá una opinión otorgada por una Universidad Nacional ubicada en la región en que tendrá impacto el proyecto a financiar, que haga referencia a su viabilidad económica y financiera y a su incidencia en la economía regional o nacional, así como dictamen técnico de viabilidad económica emitido por la SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.”.
Pese a lo expuesto, la Justicia Federal interpretó que debía declarar su incompetencia en virtud de que la denuncia formulada no encuadraba en los delitos penales en los que la misma debía intervenir, razón por la cual en el mes de octubre de 2013 fue derivada a los Tribunales de la Justicia ordinaria de la Provincia de Córdoba.
La causa se encuentra radicada en la actualidad en la Fiscalía en lo Penal Económico (Anticorrupción) de Primera Nominación a la espera de la designación de fiscal (actualmente el fuero se encuentra acéfalo). Los antecedentes del fuero anticorrupción cordobés, con su nula resolución por denuncias formuladas en hechos de corrupción de funcionarios públicos, hacen estimar que la investigación que se pretende correrá la misma suerte de cientos de anteriores presentaciones.
En Córdoba un Poder Judicial genuflexo con el poder político seguirá siendo garante de la impunidad y resultará siendo un arma más poderosa que la contundencia de las pruebas.
(*) Columna de opinión: Juan Pablo Quinteros.
