Córdoba (12/8/18). A través de una iniciativa parlamentaria ingresada a la Unicameral, la legisladora Liliana Montero requirió al Ejecutivo un informe detallado acerca de distintos aspectos vinculados al accionar del Gobierno provincial para erradicar la Trata de Personas.
Mediante el pedido de informes dirigido al Ministerio de Justicia y DD.HH, la parlamentaria de la oposición demandó saber si la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas, cuentan con un plan de acción tendiente a cumplir el objetivo de “prevenir en materia de trata de personas en todas sus modalidades y asistencia a las víctimas de dicho flagelo en todo el territorio provincial”.
En su iniciativa, Montero pidió conocer cuáles son las tareas específicas que desarrolla la Subsecretaría de Asistencia y Trata de Personas; qué acciones se llevaron a cabo y cuántas denuncias recibieron durante el año 2017 y el primer semestre 2018.
Solicitó además que se detalle las tareas que se realizan para asesorar y acompañar a las presuntas víctimas de trata de personas a la formulación de denuncias; como así también las acciones de contención y alojamiento que reciben.
Cuántas y cuáles fueron las “intervenciones primarias en operativos judiciales y/o policiales” realizadas durante el año pasado y lo que va de este año, es otro ítems reclamado por Montero.
En los fundamentos de su proyecto, la legisladora del arco opositor advirtió que Córdoba, con 20 casos, encabeza la lista en la cual figuran las provincias de origen de las víctimas de trata, según el último informe de Estadísticas Criminales presentado por el Ministerio de Seguridad de la Nación de junio del año pasado.
A su vez, mencionó que la Subsecretaría de Asistencia y Trata de Personas de la Provincia informó que en el 2017 fueron asistidas 59 víctimas de trata con fines de explotación sexual.
Montero aludió también al lanzamiento de un nuevo plan nacional contra la trata, en el cual el Presidente de la Nación, se refirió a un grupo de mujeres a las que visitó en un refugio en Córdoba.
“Mientras el Ejecutivo Nacional prende alarmas y propone más acciones, las estadísticas demuestran la ineficiencia del Estado Provincial y la página de Gobierno anuncia que no es solo la Dirección General de Trata de Personas la que se encuentra vacante. Queremos saber qué está pasando, queremos saber qué estamos haciendo y qué nos falta por hacer”, enfatizó Montero, al dar sus argumentos por los cuales presentó su pedido de informes al Gobierno cordobés.
