Córdoba (27/8/18). Tres legisladores del arco opositor se presentaron este lunes en Tribunales II para efectuar una denuncia penal acerca de la licitación que realizó el Gobierno provincial por el cobro de impuestos.
Los legisladores Aurelio Garcia Elorrio, Juan Pablo Quinteros y Liliana Montero formalizaron en la mañana de este lunes una denuncia ante el Fuero Penal, sobre el proceso licitatorio en el que saliera beneficiada la UTE integrada por Servicios y Consultoría SA y Compañía de Gestión, Administración y Fiscalización SA para el cobro de impuestos de la Provincia.
En los argumentos que plantea el triunvirato opositor, por los cuales se pone en duda la mencionada licitación, se destacan: el corto plazo para la presentación de ofertas; los altos montos en las garantías; la excesiva Garantía para realizar impugnaciones; la capacidad técnica, patrimonial y económica; y que el pliego no contempló el traspaso de los 900 empleados de Kolektor.
En cuanto a la presentación de ofertas de la licitación en cuestión, los tres parlamentarios sostienen que el plazo establecido en los Pliegos era «demasiado corto» para la elaboración de una oferta que resulte más conveniente a los intereses del Gobierno de la Provincia.
Por este punto, los opositores le piden al fiscal que intervenga en el caso que dilucide este planteo que se expone en la denuncia. Indicaron que el llamado a licitación fue publicado el día 25/09/2017 y la apertura de los sobres fue el día 6/11/2017.
Acerca de los altos montos en las garantías, advirtieron que conforme indica el pliego, las empresas licitantes debían presentarse con 2 garantías: Garantía de mantenimiento de la Oferta de 30 millones de pesos y Garantía de fiel cumplimiento del Contrato donde el Adjudicatario debía constituir, previo a la firma del Contrato, una garantía como mínimo de $ 200 millones.
Sobre este ítems, los denunciantes manifestaron que «la única que podía cumplir con semejante exigencia es la conocida empresa Kolektor hoy transformada en una nueva UTE».
Para efectuar impugnaciones en el proceso licitatorio, se estipulaba que los oferentes debían constituir una garantía por una suma equivalente a $ 10 millones. En este sentido, los legisladores expresaron que esta exigencia es violatoria de los principios básicos de una licitación pública, del derecho al “interés legítimo de los oferentes participantes”.
Y además, indicaron que es violatorio de las garantías constitucionales elementales como el derecho de defensa, al debido proceso, del derecho de igualdad y concurrencia de los oferentes, entre otros.
Por otra parte, el triunvirato opositor expresó que «las especificaciones técnicas fueron hechas a medida de la empresa que durante 14 años gestionó el cobro de impuestos de la Provincia y que era imposible para cualquier otro oferente cumplimentar con el Plan de Trabajo que se exigía en el escaso tiempo de 30 días».
El vecinalista, el juecista y la progresista advirtieron que «ellos (por Kolektor) eran los únicos que podían acreditar que estuvieron trabajando para Rentas 14 años. Eran los que podían certificar exactamente todos los antecedentes que solicitaba el comité de pre adjudicación. Por tales motivos, estas certificaciones eran parte del Pliego de Servicio».
Acerca del punto que hace al personal de Kolektor, los integrantes de la Unicameral incorporaron a su presentación judicial el planteo de “¿por qué la autoridad de aplicación no agregó al Pliego de Condiciones Generales el traspaso y contratación de los 900 empleados de Kolektor a la nueva empresa contratista?”.
Cabe mencionar que el Gobierno de la Provincia de Córdoba tercerizaba el cobro de sus impuesto a través de la empresa Kolektor y la finalización de dicho contrato «hace al Gobierno de la Provincia de Córdoba solidariamente responsable de más de 900 indemnizaciones», dijeron los parlamentarios.
Por último, el triunvirato opositor sostuvo que esto fue “una carrera contra reloj para poder participar en la reciente licitación y los resultados fueron los esperados». Resaltó que «ninguna (empresa) pudo llegar a cumplir los plazos» ante la negativa del Ministerio de Finanzas so pretexto de que el 31 de enero se vencía el contrato con Kolektor.
El proceso de la licitación llegó a su fin con la adjudicación del cobro de impuestos por parte del Gobierno a la UTE integrada por Servicios y Consultoría SA y Compañía de Gestión, Administración y Fiscalización SA.