País (5/9/18). Mediante un decreto presidencial publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el gobierno reglamentó la Ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores aprobada por el Congreso. La Ley tiene por objetivo fundamental usar la importancia de las compras públicas como factor para el desarrollo de la industria argentina, mejorar sus capacidades productivas y potenciar su perfil exportador.
Asimismo, al priorizar en las grandes obras de infraestructura a los fabricantes que integran un mayor porcentaje componentes nacionales, la ley favorece la radicación de inversión productiva y conecta a las PyMEs locales con las grandes cadenas de valor global en sectores como transporte, energía, salud, telecomunicaciones, bienes industriales, servicios de alto valor agregado y tecnología, entre otros. Las compras públicas representan en la Argentina más del 5% del PBI y el 2,5% del empleo.
“El Compre Argentino es una herramienta potente, muy relevante en este contexto en el que la industria requiere mayor previsibilidad en la demanda para la inversión y el desarrollo competitivo”, afirmó el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica.
“Se trata de una política implementada en todos los países desarrollados que busca mejorar las capacidades productivas de las PyMEs industriales, la inversión y su inserción exportadora”, agregó.
Por su parte, el subsecretario de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores, Sergio Drucaroff, señaló: “La ley permitirá volcar el poder de compra estatal a las PyMEs argentinas, dándoles prioridad en las contrataciones públicas y conectándolas con las cadenas globales de valor de las industrias ferroviaria, de energías renovables y petróleo y gas, así como también en sectores como seguridad, defensa, y tecnología médica, entre otros.
«Su reglamentación consolidará los resultados del trabajo previo a su sanción: el desarrollo de proveedores locales, la radicación de inversiones productivas, la conexión con mercados externos y el acceso a tecnología por parte de las PyMEs argentinas”, destacó.
Para la redacción del proyecto de Ley, el ejecutivo contó con el asesoramiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), referente en la materia, y siguió los lineamientos de países modelo en este tipo de medidas como Israel, Estados Unidos, México y Brasil.
