Córdoba (18/10/18). A través de una iniciativa, el legislador Miguel Nicolás (UCR-Cambiemos) demandó a la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo que suministre información en detalle acerca de diferentes aspectos relacionados con el balance y actividad del Banco de la Gente.
“El programa Banco de la Gente que funciona hace más de una década en la provincia de Córdoba y que generó una ayuda considerable a muchos cordobeses, puede haber nacido cargado de buenas intenciones pero en manos de funcionarios incorrectos se transforma en regalos oficialistas con fines electorales”, advirtió el parlamentario opositor.
En el marco de la presentación de su pedido de informes, el radical expresó «la necesidad y obligación de rendir cuentas del destino de los recursos públicos» para analizar el funcionamiento del mencionado programa.
Para Nicolás, el nombre que lleva este plan se presta a confusión por querer determinar si es una entidad bancaria o un programa de gobierno. “Debe ser monitoreado y auditado en razón que utiliza fondos provinciales con escasos controles, que pueden dar rienda suelta al manejo político y discrecional por parte del gobierno actual”, aseveró.
Al destacar que «se vienen incrementando sustancialmente los recursos» de este programa por el cual se brinda asistencia financiera, el integrante de la bancada radical hizo foco en los números que se manejan.
Así es que por ejemplo en el año 2015 el programa Banco de la Gente tuvo un presupuesto de $ 2.593.000, mientras que en 2016 el presupuesto del mismo paso a $ 15.619.000, en 2017 fue de $ 55.400.000 y para 2018 tiene un presupuesto de $ 80.000.000, es decir en apenas 4 años se multiplico en más de 30 veces.
“Ello torna aún más imperiosa la necesidad de evaluar los resultados del programa, conocer en detalle el funcionamiento del mismo y el destino de los recursos para poder realizar un adecuado control y seguimiento”, puntualizó.
En esta línea, Nicolás afirmó: “El uso del dinero público por parte de los gobernantes, puede contribuir al desarrollo de una comunidad, como así también, ser objeto de abuso, malversación y conveniencia política.
«Esta Legislatura como órgano de control de la actividad gubernamental debe interesarse y requerir al gobierno de turno toda la información aclaratoria sobre el manejo de estos fondos públicos”, concluyó.